Se enfrenta a multas económicas por diversas infracciones que ascienden a 127.005 euros
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre temporal de la residencia de mayores Arzobispo Morcillo de Soto del Real durante un periodo de un año tras comprobar la Fiscalía de Madrid en una inspección del pasado lunes "el peligro" existente para la integridad y salud de los internos, han informado fuentes fiscales.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han indicado a Europa Press que el cierre temporal se comunicará esta misma tarde al centro. Este centro es de titularidad privada y en él no existen plazas concertadas por la Comunidad de Madrid, si bien, el Gobierno regional va a garantizar la atención a los 60 residentes afectados.
Además de la medida cautelar de cierre, la Comunidad incoará expediente sancionador contra el titular de la residencia de mayores tras una visita realizada ayer por los inspectores de la Consejería y representantes de la Fiscalía que este centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos a los usuarios, ni su adecuada alimentación.
Por estos motivos, se ha decidido el cierre de la residencia. Las
multas económicas por diversas infracciones ascienden a un total a 127.005 euros, según las mismas fuentes.
En cuanto a los residentes, se ha informado a los familiares de los residentes de la situación y, en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se les habilitará plazas de emergencia en centros dependientes de la AMAS o de la DG de Dependencia.
ESTADO DEPLORABLE
El pasado lunes, la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hizo una visita rutinaria de inspección a la residencia donde comprobó el "deplorable" estado de los internos y de sus instalaciones.
A preguntas de la fiscal uno de los responsables del centro dijo el pasado 8 de julio no tener acceso al historial clínico de los 60 internos que se encontraban en una sala y que contaba sólo con dos auxiliares para atenderlos, "presentando alguno de ellos mal estado físico".
Por parte de la Consejería, según fuentes fiscales, ya se había realizado una visita de inspección el pasado mes de junio, lo mismo que hizo la Consejería de Sanidad el 1 de julio, "a raíz de las cuales se precintó la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio".
Tras levantar el correspondiente acta, los hechos se pusieron en conocimiento del Fiscal Decano para las Personas con Discapacidad quien indicó la necesidad de que por parte de la Guardia Civil se elaborase el correspondiente atestado todo ello en coordinación con el servicio CIRA (acrónimo con el que se conoce la Subdirección General encargada de la Inspección de residencias).
