MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un familiar de un anciano interno en la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real, que se cerrará durante un año tras una inspección de la Fiscalía de Madrid, se ha quejado de que "la Comunidad de Madrid ha desentendido a los residentes, dejando a 60 ancianos en la calle sin previo aviso".
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han indicado a Europa Press que el cierre temporal se comunicará esta misma tarde al centro y que garantizará la atención a los afectados.
En cuanto a los residentes, la Comunidad ha informado a los familiares de los residentes de la situación y, en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se les habilitará plazas de emergencia en centros dependientes de la AMAS o de la DG de Dependencia.
Frente a ello, un familiar ha explicado en un comunicado que "ni la residencia ni la Comunidad" les han avisado, encontrándose al llegar a "los residentes fuera de las habitaciones y la única explicación de que el director cierra el centro".
"Ello implica que todos los residentes se quedan en la calle, ya que la comunidad no ha contactado con nadie ni facilitan ninguna solución. Además la guardia civil ha precintado la puerta del cuarto de medicación y no nos facilitan la medicación ni las tarjetas sanitarias de los familiares", ha criticado.
ESTADO DEPLORABLE
El pasado lunes, la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hizo una visita rutinaria de inspección a la residencia donde comprobó el "deplorable" estado de los internos y de sus instalaciones.
A preguntas de la fiscal uno de los responsables del centro dijo el pasado 8 de julio no tener acceso al historial clínico de los 60 internos que se encontraban en una sala y que contaba sólo con dos auxiliares para atenderlos, "presentando alguno de ellos mal estado físico".
Por parte de la Consejería, según fuentes fiscales, ya se había realizado una visita de inspección el pasado mes de junio, lo mismo que hizo la Consejería de Sanidad el 1 de julio, "a raíz de las cuales se precintó la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio".
Tras levantar el correspondiente acta, los hechos se pusieron en conocimiento del Fiscal Decano para las Personas con Discapacidad quien indicó la necesidad de que por parte de la Guardia Civil se elaborase el correspondiente atestado todo ello en coordinación con el servicio CIRA (acrónimo con el que se conoce la Subdirección General encargada de la Inspección de residencias).
