La Comunidad y el Colegio de Abogados acuerdan la mejora de la Asistencia Jurídica Gratuita

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, se han reunido este martes para analizar la situación de la asistencia jurídica gratuita en la región y establecer las bases que permitan conciliar en el futuro la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, ha informado el Colegio en un comunicado.

La reunión iba encaminada a buscar fórmulas para la necesaria racionalidad del gasto público y la seguridad del pago debido, puntual y justo a los profesionales que prestan el servicio. Esto se produce después de las protestas de los abogados por la deuda de 30 millones de euros que tenía contraía la comunidad, una cantidad que se pagará en breve después de que el pasado jueves se aprobara un gasto adicional de 31 millones de euros.

Tras la reunión, ambas partes han destacado la trascendencia constitucional de este servicio y la relevante función social en interés de la justicia de la prestación profesional libre e independiente que llevan a cabo los abogados designados por el Colegio, que debe encuadrarse en un escenario de reconocimiento público, dignidad y evitación de prácticas que se aparten del interés general.

En ese sentido, ambas instituciones dispondrán "los mecanismos necesarios para optimizar la prestación de los servicios, garantizar la adecuada aplicación de los fondos públicos asignados teniendo presente el imperativo de rigor en el gasto que deben observar todas las administraciones públicas, y mejorar las condiciones en que los abogados ejercen esta actividad en beneficio del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos".

Con ese fin se creará inmediatamente una comisión de trabajo integrada por representantes de la Comunidad y del Colegio de Abogados de Madrid orientada a establecer un marco permanente y flexible en el que resolver los conflictos derivados de la aplicación de la normativa sobre asistencia jurídica gratuita y a la revisión, dentro de los respectivos ámbitos competenciales de ambas instituciones, de los procedimientos de gestión, organización y pago del servicio así como de los baremos utilizados para fijar las remuneraciones de los abogados.

Asimismo, representantes de la Comunidad y del Colegio estudiarán de modo conjunto la reforma del marco legal que regula el derecho constitucional a la asistencia letrada y el turno de oficio y elevarán a las instancias competentes las propuestas necesarias para mejorarlo, adaptándolo a la actual realidad social, en garantía de la máxima eficacia y eficiencia del servicio público.

Tanto la Comunidad de Madrid como el Colegio de Abogados confían en que desde el trabajo conjunto, la corresponsabilidad y la lealtad institucional se evitarán tensiones como las que recientemente han afectado a este servicio esencial para el sistema constitucional de la justicia.