MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid destina más de 2,5 millones de euros al año a empresas de seguridad privada para evitar que se okupen las viviendas sociales que se encuentren vacías en ese momento, ya sea porque se están remodelando o porque acaban de ser recuperadas por el Ejecutivo regional.
Según ha explicado a Europa Press el director del Área Social de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad, Eusebio González, este presupuesto se trata de una media, ya que, en muchas ocasiones, se tiene que contratar "rondas especiales o incluso a un vigilante que se quede de manera permanente", lo que ha llegado a elevar la cifra hasta los 3,1 millones de euros.
Así, ha relatado que cuando el Ejecutivo regional recupera la vivienda lo primero que hace es "bunkerizarla", lo que se suele realizar con una puerta antivandálica aunque "no siempre hay suficientes" y se instala en su defecto una chapa de metal. En este momento el Ejecutivo regional cuenta con 397 viviendas sociales vacías, de las que la mayoría se encuentran en la capital.
Estos dispositivos de protección se retiran cuando es necesario acceder a la vivienda, usualmente para hacer obras de reforma, y ese es el momento más sensible a la okupación.
Para romper una puerta antivandálica, a las que se destinan una media de 500.000 euros anuales, es necesario utilizar una radial, lo que, según González, hace tanto ruido que los vecinos suelen llamar a la Policía y, en algunos casos, los propios agentes de seguridad privada escuchen el ruido y frustren el intento de okupación.
En estos casos, cuando se consigue evitar que entren en la casa, uno de los agentes de seguridad espera hasta que el cerrajero sustituye la puerta. Peor cuando entran en la vivienda "la legislación no deja muy claro a partir de qué momento se constituye morada, por lo que algunos policías cuando llegan, ante el riesgo de denuncia por el okupa, prefieren identificarles y no expulsarle". En esta línea, ha solicitado que se refuerce la ley para "dejar claro" en qué momento se declara morada.
Además, entiende que para luchar contra la okupación es "imprescindible" la coordinación entre administraciones y ha alabado la Mesa de Vivienda y Okupación de la Comunidad de Madrid, un espacio en el que se reunieron el pasado 7 de octubre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de la capital. González ha destacado también la unidad de la Policía Municipal de Madrid que se destinará exclusivamente a hacer frente a este fenómeno.
"Esa coordinación es fundamental y va a ser muy importante", ha incidido el director, quien ha sugerido que sería una buena idea emular esta mesa entre administraciones a nivel nacional.
"Al fin y al cabo hay que dejar claro que la okupación no puede ser la solución a un problema habitacional y menos una vivienda social, que deja a una familia en situación muy grave sin acceder a la vivienda", ha concluido.
