MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno aprobó hoy un gasto de más de 6 millones de euros para el mantenimiento de las plazas asistenciales para personas con discapacidad intelectual en seis localidades madrileñas, que supondrán un coste total de más de 29 millones de euros durante este año, según informó hoy el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Ignacio González.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González apuntó que esta inversión garantizará la atención de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en 1.146 plazas destinadas a la atención residencial y de centro de día específicas para personas que, además, presentan alteraciones de conducta, con autismo y parálisis cerebral con plurideficiencias graves.
La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia red asistencial con más de de 16.000 plazas públicas y gratuitas existentes en la región para la atención de personas con discapacidad y enfermedad mental. Uno de los municipio que más plazas tiene en esta ocasión es Fuenlabrada, que alberga 125 plazas residenciales y 40 plazas de centro de día para atender las necesidades de estas personas.
El resto de plazas residenciales están ubicadas en Ciempozuelos (623 plazas), Getafe (123 plazas), Sevilla la Nueva (45 plazas), Pozuelo de Alarcón (106 plazas) y Madrid capital (84 plazas).
El Gobierno regional invertirá además este año 336 millones de euros en programas y medidas de atención social de las personas con discapacidad, lo que supone un incremento superior al 12 por ciento respecto a la cantidad destinada en 2007.
Este importante esfuerzo presupuestario permitirá crear 8.000 nuevas plazas asistenciales, de las cuales 4.000 específicas serán para discapacidad y otras 4.000 para enfermedad mental.
Asimismo, el incremento de los servicios de apoyo a estas personas también está incluido en el Plan de Acción para Personas con Discapacidad 2005-2008 promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este Plan contempla un área específica de atención social, sustentada en la Ley regional de Servicios Sociales de 2003, dirigida especialmente a las personas y familias que necesitan más ayuda.
