MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha informado este jueves de que el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 2,3 millones de euros a la concesión de ayudas para la promoción de viviendas de protección oficial dirigidas a colectivos especialmente vulnerables.
Según ha explicado, se trata de una partida que se dividirá en dos anualidades y beneficiará directamente a una promoción de Cáritas de 130 viviendas que actualmente se encuentran en construcción en el barrio de San Blas.
Las viviendas a las que irán destinadas estas ayudas estarán reservadas a familias y usuarios especialmente vulnerables y necesitados de protección social que podrán acceder a ellas en régimen de arrendamiento.
Se trata de una categoría específica dentro de las viviendas de integración social y se destinan a familias y colectivos que presentan unas necesidades especiales de protección como personas en riesgo de exclusión social, discapacitados, tutelados o mayores.
Entre las características de esta promoción, cabe destacar que los pisos se están construyendo con un modelo nórdico que permite adaptar el tamaño de las viviendas de acuerdo al tipo de usuario final. Es decir, mediante un sistema de tabiques adaptables se podrá aumentar o disminuir el tamaño de los pisos en función del número de personas que compongan la unidad familiar.
El inmueble consta de dos partes diferenciadas, una para las viviendas y otra con una importante zona con servicios comunes y asistenciales como comedor o salas comunitarias para talleres o actividades de integración social.
La financiación correrá a cargo de fondos estatales, reservados específicamente para la concesión de ayudas a este tipo de promociones y se enmarcan dentro de un convenio de colaboración entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para desarrollar los objetivos previstos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación actualmente vigente. En virtud de este Plan, el Estado marca unas líneas estructurales y las Comunidades Autónomas lo ejecutan dentro de su ámbito territorial.