Comunidad lleva al Constitucional la Ley de Rehabilitación urbana

Foto: COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana porque considera que atenta a sus competencias y al derecho a la propiedad privada, tal y como ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, Victoria ha explicado que solicitó al Estado la convocatoria de una comisión bilateral para abordar las diferencias que tenían con la redacción de la Ley estatal, que entró en vigor el año pasado. La comisión llegó a acuerdos sobre la interpretación de algunos preceptos pero con otros no, por lo que la Comunidad ha decidido recurrir la normativa al Constitucional.

   Para la Comunidad, algunos aspectos de la normativa nacional "invaden las competencias autonómicas en materia de urbanismo y viviendas y el Estado no puede dictar ciertas normas sustantivas y procedimentales" sobre estas materias. Además, critican que se fije un porcentaje sobre el destino de las viviendas protegidas en los planes de urbanismo y entienden que tampoco tiene competencias.

   Victoria ha recalcado que las competencias en urbanismo y suelo son "exclusivas" de las autonomías y por ello el Gobierno central no puede regular en estas materias "ni de manera supletoria, como hace en esta normativa".

   Asimismo, el consejero de Justicia ha criticado la figura del agente rehabilitar ya que, a su juicio, "supone que el una empresa privada puede proceder a la rehabilitación del edificio sin contar con los propietarios, algo que atenta contra el derecho de propiedad privada".

   Según ha explicado, si un ayuntamiento fija una zona objeto de rehabilitación y los inquilinos se niegan a actuar, será un 'agente rehabilitador' privado autorizado por la Administración central el que obligue a la rehabilitación expropiando el edificio y pagando a los inquilinos un precio de expropiación, no de venta. O incluso, pagándole en especie, es decir, con otro inmueble en otra zona de la ciudad.

   No es la primera vez que el Gobierno regional recurre una ley de estas características, aunque sí la primera con un Ejecutivo nacional del PP. Ya lo hizo con la Ley del Suelo socialista de 2007 y luego con la normativa del año siguiente, también por considerarlas intervencionistas y que invadían sus competencias.