La Comunidad de Madrid se opone al decreto de centros de datos que propone el Gobierno porque "frenará la inversión"

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha manifestado su desacuerdo con el proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos que plantea el Gobierno central, una iniciativa legislativa con la que consideran que se "frenará la inversión" y se "restará competitividad a España", desincentivando el desarrollo de esta actividad digital.

El Ejecutivo regional envió el jueves una serie de alegaciones al proyecto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en las que sostiene que la saturación de la red eléctrica no debe en ningún caso abordarse desde la limitación de la demanda y las inversiones, sino reforzando las estructuras eléctricas.

La Comunidad de Madrid considera así que el proyecto acumula requisitos y obligaciones en materia energética, hídrica, contractual y de soberanía digital y los vincula al acceso y conexión a la red eléctrica. Su incumplimiento podría conllevar recargos económicos e incluso la pérdida de los permisos de acceso.

Todo esto deriva en una "inseguridad jurídica" en el sector que afectaría tanto a proyectos ya en tramitación o a aquellos que cuentan con permisos de acceso y conexión ya concedidos, según han señalado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.

Según el Ejecutivo autonómico, estas iniciativas fueron planificadas bajo unas condiciones normativas diferentes y podrían verse ahora sometidas a requisitos adicionales.

MÁS DE 50 PROYECTOS EN LA COMUNIDAD

En la Comunidad de Madrid existen actualmente 56 proyectos de centros de datos, 15 de ellos en construcción y los otros 41 ya diseñados, que representarían una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y permitirían generar entre 17.000 y 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Según estos datos del Gobierno regional, la inversión comprometida podría llegar a alcanzar los 26.250 millones de euros en impacto directo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) madrileño, todo ello sin contabilizar el efecto de "arrastre" sobre el resto de la industria del conocimiento que depende de estas infraestructuras.

Así las cosas, el Ejecutivo autonómico defiende que los centros de datos constituyen una infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales, por lo que considera que su regulación debe combinar eficiencia energética y sostenibilidad con seguridad jurídica y capacidad para atraer inversiones.

En este sentido, para el Gobierno madrileño el nuevo régimen planteado por el Ejecutivo central puede convertirse en una barrera para la implantación de estas infraestructuras y reclama que España aproveche su disponibilidad energética y el crecimiento de las renovables para consolidarse como uno de los principales polos europeos de digitalización.

PIDEN QUE LA NORMA SE SOMETA A TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

La Comunidad cuestiona asimismo que el Gobierno de Sánchez haya optado por tramitar estas exigencias mediante un real decreto. A su juicio, por su alcance "cuasi prohibitivo", sancionador y retroactivo, la iniciativa debería aprobarse mediante una norma con rango de ley y someterse a la tramitación parlamentaria.

Por todo ello, la Comunidad de Madrid reclama retirar y reformular sustancialmente el proyecto para establecer un marco regulatorio que, manteniendo los objetivos de eficiencia, sostenibilidad, descarbonización y soberanía digital, permita impulsar la inversión, el desarrollo de las redes eléctricas y la disponibilidad energética.

El Gobierno central mantiene negociaciones con el sector tecnológico para concretar las condiciones del futuro real decreto sobre centros de datos, sin que considere que los nuevos requisitos ambientales, energéticos y de soberanía digital vayan a perjudicar la llegada de inversiones a España, según han explicado fuentes del Ejecutivo.