La Comunidad pagó 200 millones más en expropiaciones para construir la M-45, que en principio valoraron en 11 millones

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pagó unos 200 millones más en expropiaciones de terrenos para la construcción de la M-45 que los fijados primeramente en los pliegos, que determinaban un coste en expropiaciones de 11 millones de euros.

En la comisión sobre el estudio de la auditoría del Endeudamiento y la Gestión pública de la Comunidad que se ha celebrado este mediodía en la Asamblea de Madrid, el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes entre 1995 y 2003, Jesús Mora de la Cruz, ha dicho que hubo una diferencia de hasta el 60 por ciento entre el precio estipulado por metro cuadrado de los terrenos expropiados a lo que finalmente tuvo que pagar tras recurrir los propietarios de las fincas a la Justicia.

Según ha explicado el compareciente, las expropiaciones son orden de la Consejería de Transportes pero corresponde a las empresas concesionarias de la vía registrar los terrenos, cuya propiedad corresponde a la Comunidad de Madrid.

La diferencia "abismal", ha dicho, se encuentra en que en el primer tramo de las obras del Gobierno regional fijó entre 1,59 y 3 euros el coste de la expropiación, cuando posteriores sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Tribunal Supremo (TS) en casación establecieron un precio de 38,51 euros, 18 veces más.

En el segundo tramo pasó del precio de 1,06 euros de la Administración a 43,40, 18 veces más; mientras que en el tercer tramo la hoja de aprecio fijó un precio de 0,74 euros el metro cuadrado frente a un margen de 46,82 y 51,92 euros, 66 veces más.

De la Mora ha indicado que las sentencias del TSJM y TS consideraban que esos terrenos eran suelo urbanizable cuando la Consejería de Transportes "entendían que eran un secarral en medio de la nada". "Se valoraba de acuerdo a su destino. Entiende el Supremo que la M-45 constituye una auténtica vía urbana, que configura el desarrollo de una vía de conexión entre varios municipios de la capital, integrado en la malla urbana de Madrid. Y esto ha supuesto un desvío de hasta 60 veces más el precio y hay que pagarlo a la concesionaria", ha dicho.

Así, el exsecretario general técnico ha indicado que ya se incorporaron unos sobrecostes de 30,8 millones de euros por expropiaciones den 2002 y luego las concesionarias han reclamado y ganado en vía Contencioso Administrativas sentencias para que les abonen el sobrecoste que soportaron en su momento a los dueños de la fincas, incluidos los intereses.

Todo ello ha supuesto una reclamación de 97 millones de euros en el primer tramo, 32 en el segundo y 47 en el tercero, una sentencia que se recurrió por parte de la Consejería y que está pendiente de casación en el Supremo, aunque el compareciente ha augurado que también la perderán por la doctrina del Supremo.

Eso sí, De la Mora ha aclarado que de los 897 expedientes expropiatorios, el 20 por ciento afectó a empresas y de ellos el 9 por ciento a empresas relacionadas con la inmobiliaria y la construcción. "En total, hubo 39 empresas expropiadas dedicadas a la construcción en todo el ámbito de la M-45 y en ninguna de ellas tiene la más mínima relación con las constructoras de la carretera", ha zanjado, respondiendo así a algunas críticas de posibles connivencias por parte de diputados de la oposición.

LAS OFERTAS FUERON EL DOBLE EN EL CONCURSO QUE EN EL NEGOCIADO

Preguntado por el escaso margen entre la publicación de la convocatoria para adjudicar los contratos de las obras de la carretera en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que salió el 3 de marzo de 1998, y la fecha límite para recepción de ofertas es el 3 de julio de ese año, el compareciente ha indicado que eso fue cuestión de los técnicos e ingenieros de caminos.

El compareciente ha defendido el proceder de la Administración en este asunto, indicando "sin hacer la ola a nadie" que las ofertas que les llegaron apuntaban un precio que, tras la negociación, fue la mitad de lo que finalmente se fijó. "Si no hubiera hecho esto la Administración, estaríamos pagando el doble de lo que se pagó", ha precisado.

Jesús de la Mora también ha destacado que la Administración puso un tope máximo a lo que tenía que pagar por el uso de la carretera con la fórmula de peaje en sombra "para evitar que el límite no fuera infinito". "Teniendo la frecuencia de más de 100.000 vehículos el coste sería mucho mayor y por eso se limitó el coste máximo de las empresas. Fue una buena decisión", ha considerado.

El exdirector general técnico de Transportes, quien ha recalcado que no es político y no se encarga de adoptar decisiones políticas, también ha señalado que "no hubo abandono de la obra por parte de la Administración".

Por último, el compareciente ha confirmado que "desde hace meses" la Comunidad está analizando las concesiones de esta carretera, al igual que el de otras obras, "para ver cómo se puede ahorrar, como es obligación de la Administración. "Hay alguna concesión donde se han reducido algunos gastos y en algunos más se hará", ha concluido.