La Comunidad prevé autorizar entre 15 y 20 instalaciones aeroportuarias en la región en tres años

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prevé autorizar entre 15 y 20 instalaciones aeroportuarias en la región en un plazo de tres años, una vez entre en vigor la nueva Ley que regula la creación de infraestructuras como helipuertos, aeródromos y aeropuertos que no son de carácter estatal de interés general ni desarrollan actividades comerciales.

Según la Memoria Económica del Anteproyecto de Ley de Instalaciones Aeronáuticas, a la que tuvo acceso Europa Press, como "estimación aproximada" podrían autorizarse en los tres años siguiente a la entrada en vigor de la Ley entre 15 y 20 instalaciones, de las cuales presentarían Plan Director un 10 por ciento. En este plazo de tiempo podrían inscribirse en el Registro entre 25 y 30 instalaciones, de carácter público y privado.

A éstas, habría que sumar el porcentaje de las que se aprobasen por las operaciones que llevarán a cabo las compañías que operasen en los aeropuertos cuya gestión sea competencia de la Comunidad de Madrid, a través de Aeropuertos de Madrid S.A.

El Anteproyecto, actualmente en tramitación, prevé que con estas instalaciones se podrán generar ingresos provenientes de las tasas que se establezcan por la tramitación de los procedimientos administrativos, así como por las sanciones que sean consecuencia de infracciones. Las previsiones son recaudar en este concepto entre 300.000 y 500.000 euros.

La Ley señala que toda solicitud deberá ir acompañada de un estudio de impacto ambiental y los proyectos deberán prever su incidencia en las zonas inmediatas, las infraestructuras y medios de transporte necesarios para satisfacer la demanda que su funcionamiento genere y la accesibilidad de las instalaciones a usuarios con movilidad reducida.

Por otra parte, las solicitudes, tanto de autorización previa como de apertura al tráfico, habrán de ser resueltas y notificadas en un plazo inferior a seis meses, entendiéndose concedidas en caso de silencio administrativo, salvo que la evaluación de impacto ambiental fuera negativa.