Considera que el tratamiento que ha recibido la región ataca los principios de lealtad institucional y solidaridad
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid presentará en los próximos días un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Estado la deuda histórica que mantiene con la región y que asciende a 14.783 millones de euros, después de que haya caducado el plazo de tres meses que tenía el Ejecutivo central para contestar a la primera de las dos reclamaciones interpuestas por el Gobierno de Esperanza Aguirre por no aplicar el principio de lealtad institucional recogido en la Ley de Financiación Autonómica.
Según explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, la deuda que ha contraído el Gobierno con Madrid está relacionada con la no actualización de la población desde 1999 en el nuevo modelo de financiación autonómica, por la falta de inversión en los últimos seis años y por el pago de los servicios de las entidades colaboradoras de la Sanidad.
Otra de las causas de que la deuda regional haya ascendido a 14.783 millones de euros es la minoración de los ingresos de las región en materia tributaria desde 2002, además de las nuevas obligaciones de gasto por las modificaciones normativas del Ejecutivo central.
El 'número dos' del Ejecutivo autonómico recordó que la Comunidad de Madrid presentó la primera reclamación el 27 de octubre. En ella, se solicitaba una compensación por importe de 2.873 millones de euros relacionada con los menores ingresos que había recibido la región desde 2002 por la actividad legislativa del Estado en materia tributaria.
La segunda reclamación llegó el 14 de diciembre para pedir una compensación de 2.710 millones de euros por el incremento de las obligaciones de gasto sufrido por la Administración autonómica y que no estaban contempladas en el sistema de financiación inicialmente.
"Es evidente que el tratamiento que ha sufrido la Comunidad de Madrid supone una vulneración de los principios de solidaridad y de lealtad institucional y por ello interpone el recurso reclamando el importe de esta deuda", aseveró González.
DEUDA DE 14.783 MILLONES DE EUROS
Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, el Estado debe a la Comunidad 5.236 millones de euros en concepto de fondos perdidos en inversiones en el periodo 2005-2008; 3.129 millones de euros relativos al reconocimiento de la población real entre 2002 y 2008; 211 millones de euros por la menor aportación del Programa Dependencia entre 2o08 y 2009; 200 millones por las colaboradoras en la Comunidad de Madrid y 168 por los servicios prestados por estas entidades entre 2004 y 2008.
También le reclama 256 millones de euros por el contrato programa 2007-2009 del Consorcio de Transportes; 2.873 millones de euros por la recaudación de los impuestos cedidos y 2.710 millones de euros por los mayores gastos, ambas cantidades relacionadas con la lealtad institucional.
El vicepresidente insistió en que la primera reclamación que hizo la Comunidad de Madrid "se vio reforzada" cuando el Estado compensó a algunas comunidades, entre ellas Aragón, por las mermas recaudatorias debido a su política fiscal.
En este sentido, el Gobierno madrileño entiende que el reconocimiento del derecho a favor de una sola comunidad autónoma "quebraría el principio de igualdad entre regiones consagrado en la Constitución Española, que establece que las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
RECURSO JUDICIAL
González señaló que la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que, si en el plazo de tres meses el Gobierno central no ha contestado a una reclamación, la comunidad afectada podrá interponer un recurso judicial, para lo que le concede el plazo de dos meses en el caso de que sea contencioso-administrativo.
Así, mencionó que el pasado 27 de enero venció el plazo para la primera de las reclamaciones impuestas por la Comunidad de Madrid y el 15 de marzo de este año concluirá el tiempo para dar respuesta a la segunda de las quejas.
De esta forma, el Gobierno regional sigue los pasos emprendidos por Aragón, que también reclamó al Estado una compensación por las mermas recaudatorias que había sufrido como consecuencia de las decisiones legislativas de la Administración central.
Ante la desestimación de la reclamación, el Gobierno aragonés recurrió por vía contencioso-administrativa. Antes de que los tribunales se pronunciaran, el Ejecutivo de Aragón consiguió un acuerdo en la comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros Estado-Comunidad de Aragón en la que se reconoció una compensación de 500 millones de euros solicitada en 2009.
