MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha reorganizado el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid con el objetivo de racionalizar este organismo y aumentar así su "agilidad y eficacia".
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ana Isabel Mariño, que han apuntado que "en ningún caso" se restringe la representación en el Consejo de ecologistas, expertos, científicos y asociación. "Consideramos que la estructura anterior había quedado obsoleta y era necesario racionalizar su estructura", han añadido.
El pasado 4 de marzo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el decreto en el que se modifica el Consejo. Este órgano se creó, por ley, en 1988. Su objetivo es asesorar a la Administración con competencia en materia medioambiental y permitir a la sociedad civil participar en la toma de decisiones. Entre sus funciones primordiales estaba la de emitir informes y estudios en relación con el medio ambiente.
El cambio más importante del decreto es que crea, dentro del Consejo de Medio Ambiente, lo que denomina secciones. Así se crean las secciones de Parques Regionales y Naturales, de Caza y Pesca, de Vías Pecuarias y de Calidad del Aire.
CRÍTICAS DE ECOLOGISTAS
Por su parte, las organizaciones Ecologistas en Acción, ARBA, GRAMA, la Asociación Ecologista del Jarama 'El Soto' y 'Jarama Vivo' han señalado que la reorganización del Consejo de Medio Ambiente ha restado al organismo "participación y transparencia".
"Veintitrés años después de su creación, Mariño, ha asestado un duro golpe al único órgano de participación ambiental que se mantiene. Con la modificación aprobada, tanto las funciones como la composición de este Consejo, han quedado mutiladas", han indicado.
Los denunciantes aseguran que se han eliminado sus funciones para emitir informes o la de impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente. En cuanto a su composición, alegan que se ha sacado a los consumidores, se ha reducido el número de miembros de asociaciones ecologistas (pasando de 3 a 2) y de universidades (pasando de 2 a 1), el de expertos (pasando de 3 a 2); y la frecuencia de sus reuniones ha pasado de ser trimestral a anual.
"Pero los directores de los espacios protegidos tampoco salen muy bien parados, al dejar de ser miembros de pleno derecho e impedirles el voto. Es decir, a los máximos responsables de la gestión de un espacio protegido se les impide votar sobre el futuro del territorio que dirigen. Algo absolutamente anodino", a juicio de las asociaciones ecologista".
Por todo ello, las asociaciones ecologistas han calificado como "muy grave" la situación creada y han recordado "que ni antes ni ahora, la representación en los órganos de participación, ha supuesto gasto alguno a las arcas regionales".
"La actitud del Gobierno regional y de la Consejera de Medio Ambiente para expulsar a las asociaciones ecologistas de los órganos de participación recuerda, cada vez más, a prácticas autoritarias no democráticas preocupadas de ocultar su actividad", han agregado las organizaciones, que han anunciado la creación de órganos ciudadanos de participación cuyas conclusiones serán remitidas periódicamente "a órganos que velen por la transparencia y la legalidad".
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