La Comunidad seguirá adelante con el expediente sancionador incoado por posibles daños en Canalejas

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo autonómico seguirá adelante con el expediente sancionador incoado contra la empresa OHL por posibles daños en las obras del complejo Canalejas, al margen de lo que decida la Fiscalía sobre lo sucedido en las obras del complejo.

Garrido ha hecho estas declaraciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que la portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ana García D'Atri, haya acusado a la Comunidad de Madrid de ser "corresponsable de la destrucción" de Canalejas, un proyecto que en estos momentos se encuentra paralizado.

Ante esta acusación, Garrido ha contestado asegurando que el Ejecutivo autonómico ha estado "a la altura de lo que se esperaba" para "defender el patrimonio de Madrid". Además, ha precisado que la última paralización de los trabajos no compete a la Comunidad porque se trata de un pleito "entre particulares".

Sin embargo, sí que ha avanzado que más allá de lo que se decida la Fiscalía sobre este asunto, la Comunidad seguirá adelante con el expediente sancionador que tiene incoado por esta actuación "nefasta" en torno al patrimonio regional.

LA COMUNIDAD, "CORRESPONSABLE"

Por su parte, la parlamentaria socialista ha criticado que Canalejas se pudo destruir "porque la Comunidad rectificó la protección a los bienes de protección cultural y autorizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al Ayuntamiento".

"El Gobierno de la Comunidad es corresponsable de la destrucción de Canalejas, de la pérdida de símbolos y señas de identidad. La marca Madrid es la marca de la especulación, de los intereses privados y es hora de rectificar y solucionar los desaguisados", ha sostenido.

En otro orden de cosas, la parlamentaria ha defendido que nos encontramos en una "situación de emergencia" y es necesaria una única ley de Patrimonio "para evitar la inseguridad jurídica". Ante esta petición, el consejero de Presidencia y Justicia ha asegurado que además de los ocho artículos que tumbó el Tribunal Constitucional (TC), la Comunidad de Madrid está trabajando en la mejora de la norma, algo que quieren llevar a cabo con diálogo.

Por parte de Ciudadanos, la diputada Marta Marbán de Frutos ha afeado a Podemos "abanderar un proyecto de viviendas de lujo y un hotel de superlujo" al lado de donde surgió el 15M y a pesar de que ha indicado que no es partidaria de que haya edificios en obras paralizados en el centro de Madrid, como es el caso de Canalejas, ha defendido que hay que obrar con "cautela".

Marbán, que ha dicho que este proyecto es una herencia más de la dudosa gestión del anterior PP", ha considerado que la ley debería ser motivo de revisión.

Desde Podemos, Jazmín Beirak ha considerado que para el PP "el interés privado de un propietario está por encima de los comunes" y ha considerado que ven al patrimonio "como una losa que hay que atender". Además, ha reclamado la prevalencia de la ley de patrimonio sobre la urbanística.

A la oposición ha respondido la parlamentaria popular Isabel González, quien ha reclamado a la oposición que no plantee un panorama "siniestro" en materia de patrimonio porque "no es realidad".

La parlamentaria ha defendido la gestión de la Comunidad, y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ha "actuado con responsabilidad y celeridad" para mejorar del mejor modo el conflicto en cumplimiento de su obligación de proteger el patrimonio de los madrileños.