MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha firmado este martes con los sindicatos el acuerdo para la próxima puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) en la Comunidad de Madrid.
El nuevo Instituto de Medicina Legal estará formado por más de 380 empleados públicos (incluidos 161 médicos forenses, 70 psicólogos y 65 trabajadores sociales), se desplegará una inversión de más de 2 millones de euros para que entre en funcionamiento y dispondrá de más de 2.450 metros cuadrados de instalaciones adicionales en el nuevo núcleo penal de Madrid, en la zona de San Blas, donde se ubicarán las oficinas centrales.
El texto ha sido suscrito con los sindicatos STAJ, CSIF y UGT, tras las negociaciones mantenidas, desde el pasado mes de julio, en la Mesa Sectorial de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia.
El acuerdo aprobado entre la Consejería de Justicia y los sindicatos ahora debe ser informado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y contar con el visto bueno del Ministerio de Justicia.
"El nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses supone abrir la puerta a la forensía del siglo XXI en la Comunidad de Madrid, con un órgano independiente que trabajará con criterios técnicos y científicos al servicio de la Administración de Justicia. Y que lo hará con una mayor coordinación; integrando a todos los profesionales de esta área, desde forenses hasta psicólogos y trabajadores sociales; con mejores medios; y con un nuevo modelo de trabajo adaptado a la nuevas necesidades que tiene la Justicia", ha subrayado Ibarrola.
De esta manera, según ha recalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid se constituye como un órgano técnico al servicio de la Administración de Justicia que ejercerá sus funciones "con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos".
Permitirá ejercer las especialidades forenses dentro de la Administración de Justicia con nuevos conceptos y con una nueva organización de trabajo. El nuevo modelo supera la actual adscripción a juzgados determinados (los médicos forenses de Madrid, por ejemplo, estarán adscritos a las áreas funcionales de civil, penal o social) y favorece que los trabajos los realicen los profesionales especializados según cada caso, lo que permitirá "optimizar y repartir las cargas de trabajo de manera más eficiente".
CENTRO DE FORMACIÓN Y AUMENTO DE PLANTILLA
Además, la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal permitirá impulsar la formación de manera "estructurada", pues llevará a cabo una función docente mediante acuerdos con universidades y otras instituciones públicas o privadas y actuará como centro de formación permanente para los médicos forenses, contando con docentes de departamentos universitarios de medicina legal y con especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Asimismo, tras su integración en el Instituto, los equipos psicosociales judiciales (psicólogos y trabajadores sociales) pasarán a denominarse unidades de valoración forense integral, en línea con lo recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El acuerdo alcanzado con los sindicatos supone un aumento de plantilla de 33 personas respecto a la situación actual y el compromiso de la Consejería de Justicia de que se negociarán guardias de 24 horas en los partidos judiciales de fuera de Madrid capital una vez se ponga en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal.
CSIF: ES UN "AVANCE IMPORTANTE"
Por su parte, desde CSIF explican que esta organización y los otros dos sindicatos firmantes pusieron en marcha hace dos semanas una encuesta para conocer la opinión de los trabajadores actualmente destinados en el Instituto Anatómico Forense, Clínica Médico Forense de Madrid y agrupaciones de forensías de los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid, sobre la propuesta definitiva de la Administración regional.
En la mencionada encuesta se han impuesto por mayoría los funcionarios que "aceptan" tanto la propuesta definitiva de RPT como el acuerdo sectorial a través del que se suscribirán las mejoras alcanzadas en la negociación.
Pese a que la última propuesta de la Comunidad no recoge la totalidad de alegaciones defendidas por CSIF y el resto de sindicatos presentes la Mesa Sectorial, considera que supone un "avance importante" con respecto al borrador de RPT que presentó la Comunidad de Madrid en la primera reunión celebrada el 25 de julio de 2018. Los funcionarios de la Administración de Justicia que se integrarán en el nuevo modelo organizativo, de manera democrática han dado su visto bueno.
"Esta mejora también ha sido posible gracias al incremento presupuestario de un millón de euros como consecuencia de la enmienda aprobada en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, PSOE y Podemos (con la abstención de PP), que ha permitido la negociación de la mejora de la plantilla orgánica de la estructura actual, y el compromiso de implementar un nuevo sistema de guardias de 24 horas a los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid", ha apuntado CSIF.
El sindicato emplaza a la Consejería a que haga realidad el Instituto de Medicina Legal que "demandan todos los operadores jurídicos", dado que la Comunidad de Madrid es la única autonomía con las competencias de justicia transferidas donde aún no existe.
"El nuevo modelo debe suponer la mejora significativa de las condiciones laborales de los profesionales de la medicina forense de nuestra región, y del servicio público que desarrollan", ha subrayado CSIF.
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