Concluye la primera fase de obras de accesibilidad, seguridad y comodidad en los Juzgados de Plaza de Castilla

La consejera de Justicia y decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores
EUROPA PRESS
Publicado 24/10/2018 12:12:12CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha concluido la primera fases de obras de modernización de los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia de Plaza de Castilla 1 y calle Poeta Joan Maragall 66, en Madrid, una fase que ha consistido en mejorar la accesibilidad, seguridad y comodidad para adaptarlo nuevas necesidades de la Administración de Justicia.

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, ha visitado este miércoles la primera fase de las obras de acondicionamiento y mejora que ya se han realizado y ha destacado la "importante inversión económica que está acometiendo el Gobierno regional en un edificio tan representativo de la Justicia madrileña".

Ibarrola ha estado acompañada por el secretario de gobierno del Decanato de Madrid, José Gayo; el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso; y el del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego.

El inmueble de Plaza de Castilla tiene 40 años y fue diseñado con el concepto de edificio judicial de finales de los años 70. Alberga 54 juzgados de instrucción y seis de vigilancia penitenciaria, entre otras dependencias. Tiene una superficie total de 48.670 metros cuadrados, lo visitan a diario una media de más de 3.000 personas y en sus instalaciones trabajan más de 1.100 empleados públicos.

Por su parte, el edificio de Poeta Joan Maragall acoge 46 juzgados de Primera Instancia en más de 24.500 metros cuadrados, tiene una afluencia media diaria de 3.000 personas y cerca de 600 empleados públicos desarrollan en él su labor profesional.

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Ibarrola ha hecho hincapié en que las mejoras se están llevando a cabo con dos ejes claros: mejorar la accesibilidad del edificio, eliminando las barreras arquitectónicas; y garantizar una mayor seguridad y comodidad para los ciudadanos que tienen que hacer algún trámite en los juzgados, para los profesionales que trabajan cada día en estas instalaciones y para todos los empleados públicos de la Administración de Justicia que desempeñan su labor en ellas.

En esta primera fase, ya se han llevado a cabo los trabajos relacionados con la mejora de la accesibilidad a los edificios, la instalación de una marquesina en la entrada principal de Plaza de Castilla, la actualización de acabados, la renovación de luminarias y de la climatización de los vestíbulos, así como la reforma de los aseos públicos que estaban pendientes de renovación.

Además, se ha colocado un nuevo pavimento antideslizante en las escalinatas y accesos exteriores, se han instalado unos frentes de acceso de vidrio en todas las entradas, se han puesto bancos, se han pintado las vallas del perímetro y se ha mejorado la iluminación de exterior.

También se ha colocado una doble puerta en la entrada para mejorar la seguridad, cambiado pavimentación, mejorado puertas, mayor climatización y luminosidad y "mejorar en general las condiciones de todos los ciudadanos y trabajadores para hacer un edificio amable y cómodo", ha dicho Ibarrola.

La segunda fase de las obras, que se iniciará en el mes de diciembre, comprende la impermeabilización de las dos cubiertas del edificio de Plaza de Castilla, la sustitución de los equipos de climatización general, la finalización de la reforma de los aseos públicos, la actualización de la instalación eléctrica y la renovación de pavimentos de varias plantas de oficinas de ambas sedes judiciales.

PLAN DE MODERNIZACIÓN

En total, ha recordado Ibarrola, la Consejería de Justicia va a acometer una inversión de 3,3 millones de euros en la modernización de este complejo, incluyendo el millón de euros que ya se destinó el año pasado a la mejora de distintas instalaciones.

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Modernización para las infraestructuras judiciales de la región que impulsa la Consejería y que, este año, cuenta con un presupuesto de 19,7 millones de euros, casi el triple que en 2017 y 30 veces más que al inicio de la legislatura.

Yolanda Ibarrola ha señalado que, para el Gobierno regional, "la Justicia es un servicio público clave para la calidad de vida de los madrileños y para la protección de sus derechos como ciudadanos". "Por eso, nuestro compromiso desde la Consejería de Justicia es trabajar para seguir mejorando la prestación de este servicio público esencial, de manera que la Justicia sea cada vez más accesible para todos, más ágil y eficaz", ha concluido.

ABOGADOS Y PROCURADORES

El decano del Colegio de Abogados de Madrid ha celebrado "el importante esfuerzo" que está haciendo el Gobierno regional para mejorar las instalaciones y la Justicia. "No puede estar más de acuerdo con la consejera de que esto no es solo defensa del Estado de Derecho, sino generación de riqueza para la Comunidad. Estas obras que se están haciendo desde la accesibilidad, seguridad, en lo tecnológico, son fundamental porque de las más de 3.000 personas que entran aquí todos los días muchos son letrados y procuradores", ha señalado.

Alonso cree que "se está yendo por el buen camino" pero todavía los letrados no tienen los espacios suficientes para desarrollar bien su trabajo. "Estoy convencido de que la siguiente fase será atender que los profesionales del Derecho puedan ejercer su profesión de una manera digna y con los medios necesarios. Es un primer paso muy importante. Desde el Colegio vamos a seguir dándoles la lata porque aquí se pasan muchas horas y tienen que estar en las mejores condiciones posibles", ha concluido.

En la misma línea, el decano del Colegio de Procuradores de Madrid ha agradecido los pasos que se está dando pero "hay que seguir trabajando en mejorar la Justicia, las instalaciones y los servicios que prestamos a los ciudadanos".

Gabriel María de Diego ha destacado el trabajo de los profesionales de la Justicia gratuita "que pelean de una manera casi desinteresada por prestar un servicio y tiene que merecer por parte de la Comunidad toda la ayuda". "Estas personas merecen el reconocimiento de todas las instituciones, cumplen una función social y constitucional que hay que cumplir desde el primer momento", ha concluido.