MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares ha condenado a ocho meses de cárcel al concejal y exalcalde de Fresno del Torote Javier Laguna como autor responsable de un delito de acoso laboral a la secretaria interventora municipal.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se inhabilita al actual concejal para el ejercicio de cargo público durante el tiempo que dure la condena y se absuelve a tres ediles que habían sido acusados del mismo delito, entre ellos la actual alcaldesa Ana Isabel Arias.
En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia condena al exalcalde y al Ayuntamiento a pagar en concepto de indemnización a la interventora 1.310 euros.
Los hechos se produjeron tras las elecciones municipales de 2015 con la entrada del nuevo equipo local. Según denunció la afectada, se la dejó de "brazos cruzados" a raíz de denunciar un presunto expediente irregular y por su condición de habilitada nacional del sindicato de funcionarios CSIF.
En la sentencia, adelantada por la 'Cadena Ser', se llega a la conclusión de que "hubo una campaña de hostigamiento tendente en último término a la renuncia y vaciado de sus funciones". "Se llevaron a cabo actos de hostigamiento y descrédito hacía María Mercedes que llevaron a menoscabar gravemente su integridad moral", afirma el juez.
"Me sentí totalmente arrinconada y maltratada", manifestó cuando denunció el caso Mercedes Sánchez en una rueda de prensa, donde relató que entonces plantó cara al alcalde en aquella época y a los ediles que se enfrentaron a ella, entre ellos la alcaldesa, Ana Isabel Arias.
La afectada, habilitada nacional de CSIF, entró en 1990 a trabajar en el Consistorio de este municipio madrileño de unos 2.000 vecinos y que se ubica a unos 15 kilómetros de Alcalá de Henares. El acoso a Mercedes comenzó después de las elecciones municipales de 2015 con la entrada de un equipo formado por cuatro concejales del PP y uno de Unidas Podemos, que sería el alcalde.
Según su relato, los intereses "oscuros" y "espurios" se interponían al cumplimiento de la legalidad. El hostigamiento se inició después de que denunciara ante la Fiscalía supuestas irregularidades en un expediente. A partir de ahí, la "arrinconaron" y comenzó a sufrir "un proceso muy doloroso".
Llegaron a abrirle nueve expedientes disciplinarios que fueron archivados y una querella que no dio sus frutos. Se la negó disfrutar de sus vacaciones e incluso se publicaron sus bajas por depresión en la web del Ayuntamiento. Finalmente, los concejales emitieron un decreto para recusarla con carácter general y apartarla de sus funciones como interventora. Fue entonces cuando decidió hacer frente al acoso.
