Continúa su tramitación la denuncia del PSOE en el Tribunal de Cuentas por las concesiones a la sanidad privada

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas continúa la tramitación de la denuncia interpuesta por el PSOE por las concesiones a la sanidad privada en la Comunidad de Madrid, que interpusieron por la "condonación" de 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud entre 2017 y 2023.

Concretamente, según ha adelantado 'Cadena Ser' y ha confirmado Europa Press, se ha notificado a los socialistas que el Tribunal da traslado de la denuncia a la Sección de Enjuiciamiento para que se actúe conforme al artículo 46 y posteriores de la Ley 7/1988 que rige el funcionamiento de la misma.

En esta parte del articulado se recoge qué hechos pueden considerarse supuestamente constitutivos de responsabilidad contable, en qué supuestos habría tramitación de las diligencias previas y las actuaciones para determinar si procede abrir procedimiento jurisdiccional de responsabilidad contable.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha afirmado que el Ejecutivo regional "no puede seguir regalando dinero público" a Quirón y Ribera Salud.

"A estas empresas privadas se les está regando con miles de millones de euros de todos los madrileños, que ni siquiera sabemos si son realmente por los servicios prestados, porque ni se les obliga a justificarlos. Servicios prestados está claro que son, pero de otra índole", ha deslizado.

Al hilo, la socialista ha afirmado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está "encantada" con que la empresa "en la que trabaja su novio obtenga cada día más beneficios" y considera que no le importa que sea "a costa del dinero de los madrileños".

"Más de un millón de madrileños en lista de espera y los trabajadores de la sanidad pública en condiciones lamentables. Mientras, los 'quironeses' se forran y la fiesta en el ático o en Nueva York continúa", ha apostillado.

LA COMUNIDAD DEFIENDE "FISCALIZACIÓN EXHAUSTIVA"

En cambio, desde la Comunidad de Madrid han defendido que la fiscalización "es exhaustiva así como la justificación del gasto" y que las cuentas de la Comunidad "son claras, rigurosas y auditadas por los organismos competentes".

"No le corresponde al PSOE ni a su portavoz en la Asamblea sacar conclusiones gratuitas y realizar tamañas acusaciones. Esto es solo una cortina más de humo de los socialistas madrileños para tratar de opacar la desastrosa gestión del Gobierno de la nación", han reprochado.

Consideran, además, que el PSOE trata de convertirse "una vez más enjuez y parte" dando una "muestra más de sus tics autoritarios con la eliminación del Estado de Derecho" y "convirtiéndose en poder ejecutivo, legislativo y judicial al mismo tiempo".

EL ESCRITO AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Por su parte, el PSOE en el escrito al Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge la noticia de 'eldiario.es' sostiene que en el análisis de las Cuentas Generales de la Comunidad de Madrid en varios ejercicios "o aparece ninguna rúbrica que pueda identificarse como deudas de concesionarias por balance intercentros, saldos pendientes por libre elección, derechos no registrados, etc".

Sostiene que si esos 71 millones hubieran generado un "derecho contable" debería aparecer en le Cuenta General y consideran que el hecho de que no aparezca es "o un error o una ocultación".

"Además, es la Consejería de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid la que ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que los apuntes seas válidos en los "balances intercentros"; sin embargo, no se ha estandarizado la gestión de datos en los hospitales de gestión pública" apostilla.

Esto explica, argumentan los socialistas, que no se pueda facturar ni a Quirón ni a Ribera Salud por los servicios prestados a los pacientes procedentes de los hospitales de las concesionarias.

Es por ello que han pedido que se determine el saldo deudor o la ausencia de numerario o justificación de las cuentas así como la existencia de entidades públicas perjudicadas por los daños que se hubieren causado a los fondos públicos de manera que pueda iniciarse, en su caso, la reparación presupuestaria que afecta a los gastos e ingresos públicos.