MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid (Uncuma)ha pedido este martes a la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, que aclare en que qué consistirá el estudio que anuncia en relación al derecho de la ciudadanía para acceder a la Justicia gratuita.
La asociación recuerda que este derecho se le reconocerá a aquellas personas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, "no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de realizar la solicitud".
Además, añade que la Constitución Española, en su artículo 119, establece que la Justicia será gratuita respecto de quienes acrediten la insuficiencia de recursos para poder incoar un procedimiento de litigio. Este derecho se les reconocerá a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de realizar la solicitud.
Eso sí, el derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos e intereses propios.
Uncuma ha subrayado que este derecho no es exclusivo para las personas físicas, sino que también existe para las jurídicas, las cuales deberán contar con una base imponible en el Impuesto de Sociedades inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en cómputo anual y tratarse de asociaciones declaradas de utilidad pública o de Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.
La Unión de Cooperativas ha indicado que la Justicia gratuita implica asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso, asistencia de abogado al detenido o preso, defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
Los beneficiarios de este derecho también estarán extentos del pago de depósitos para la interposición de recursos, tendrán asistencia pericial gratuita en el proceso, obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, la reducción del 80 por ciento de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales y la reducción del 80 por ciento de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil.
