Dávila tacha de "paraíso para las mafias" el "caos disfrazado de humanidad" de la regularización de migrantes

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha tachado de "paraíso para las mafias" el "caos disfrazado de humanidad" de la regularización de migrantes impulsada por el Ejecutivo central.

Así lo ha planteado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea donde ha trasladado la "enorme preocupación" por las consecuencias de esta "negligente" medida. Tanto por su "imposición" como por su "impacto directo en los servicios públicos ya colapsados".

"Mientras el Gobierno habla de 500.000 personas, los sindicatos policiales elevan la cifra por encima de los dos millones. Hablamos de un número equivalente a la suma de toda la población de La Rioja, Cantabria, Navarra, Ceuta y Melilla juntos", ha planteado.

Dávila ha negado que en "su mayoría" sean personas que llevan "años integradas en España" sino que son "llegadas muy recientes, y de un efecto llamada sin proyecto real de integración laboral y social".

Considera que no trae "oportunidad" sino que deriva en "precariedad, pobreza sobrevenida y en muchos casos un acera donde poder dormir". "Un caos disfrazado de humanidad que juega con la vida y las expectativas de miles de personas. Un caos que es un paraíso para las mafias", ha lanzado.

A renglón seguido, ha afirmado que esto se ha visto en los centros con citas administrativas "por las que han pagado creyendo que eran oficiales", contratos de trabajo "falsos", pasaportes "retenidos por terceros como forma de coacción" o "empadronamientos, certificados o antecedentes manipulados".

"Mientras tanto, los servicios públicos, que están para atender, proteger y acompaña, se ven obligados a dedicar tiempo y recursos a deshacer fraudes en lugar de ayudar a quien verdaderamente lo necesita", ha reprochado Ana Dávila, que considera que cuando el Gobierno "genera desorden", las mafias "hacen negocio".

Es por ello que ha sacado pecho del recurso de este decreto por parte de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo, ya que esta medida está "dañando a las personas más vulnerables".