MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, la imposición de un criterio único en relación al modo de llevar a cabo las declaraciones de los detenidos ante casos en los que llegan a "hacinarse hasta una docena de abogados en los calabozos".
"Eso no debe suceder. Los jueces no pueden hacer de su capa un sayo y tiene que haber un criterio único y hay algunos jueces que cumplen las recomendaciones y otros no", ha aseverado el decano de los abogados madrileños en una entrevista a Europa Press, donde ha querido resaltar el esfuerzo del presidente del TSJM, Celso Rodríguez, y de la juez decana en este asunto a la hora de hacer recomendaciones que, sin embargo, parecen no ser suficientes.
El modo en que se practica la declaración de un detenido se determina por cada juez sin que haya un criterio común, lo que lleva a una disparidad de decisiones al respecto y a "interpretaciones diferentes" por parte de cada órgano judicial.
Al decano le consta que hay voluntad "desde arriba" para que se cumplan las indicaciones, si bien hay casos concretos en las que no se hacen. "En Madrid hay ocho juzgados de instrucción que hacinan a los abogados en los calabozos y esa situación se ha denunciado a la juez decana. No es una cuestión negociable", ha subrayado.
José María Alonso discrepa de que el criterio de realizar o no el interrogatorio en un calabozo sea "función jurisdiccional" porque "puede haber "diferentes interpretaciones" de las recomendaciones, por lo que ha demandado al TSJM y a la juez decana que fijen un criterio común para todos los juzgados.
Además, ha llamado la atención en el problema que existe por la dispersión de competencias. Por ejemplo, ha mencionado que en el caso de las comisarías "no existen todos los medios que debería haber de protección" para sus colegiados, algo de lo que es competente la Delegación de Gobierno en Madrid. "En muchas ocasiones no se guarda la distancia de seguridad y eso es muy peligroso", ha dicho.
VACUNACIÓN AL TURNO DE OFICIO
Recientemente, el decano remitió una carta al Ministerio de Sanidad para que los abogados que integran el Turno de Oficio sean considerados un colectivo preferente en la vacunación del Covid-19 al prestar "un servicio público esencial equivalente al de cualquier funcionario de la Administración de Justicia".
"No pretendemos defender que se tenga que dar un trato prioritario o saltarnos la cola, sino trasladar que la Abogacía presta en el caso del Turno de Oficio un servicio esencial. Lo hemos pedido para aquellos abogados que tienen que hacer un servicio de guardia o asistencia a detenidos porque es una prestación recogida en la Constitución", ha explicado.
Según el decano, se trata de equiparar la figura del abogado a la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la de los propios jueces, ya que "la Abogacía es un pilar más de la Administración de Justicia y tiene que ser cubierta igual que los demás".
La carta se remitió hace semanas y "lamentablemente" la respuesta recibida hoy mismo, no precisan qué solución se va a dar a la Abogacía, ha destacado el decano. En la misiva, Alonso ofreció las instalaciones del ICAM como puntos de administración masiva de la vacuna.
COMUNICACIONES TELEMÁTICAS
Por otro lado, el ICAM ha llegado a un acuerdo con Instituciones Penitenciarias para establecer sistemas informáticos en las cárceles madrileñas, por ahora en Soto del Real, Alcalá Meco y Valdemoro, para que los presos se puedan comunicar vía telemática con sus abogados.
El acuerdo se alcanza debido a la suspensión de las comunicaciones en los penitenciarios estas últimas semanas debido a la alta incidencia de casos en toda la Comunidad de Madrid.
"Ese acuerdo ya está cerrado con Soto del Real, Alcalá Meco y Valdemoro y espero que en breve se sume Estremera. De este modo, el abogado se podrá comunicar con un interno a través del sistema telemático, con lo que se solucionaría ese problema", ha explicado Alonso, quien ha destacado la alta colaboración que ha habido con Instituciones Penitenciarias.
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE CONCURSAL
En relación también con la pandemia, desde el ICAM se lleva haciendo un gran esfuerzo en impulsar la mediación penal y el arbitraje concursal para paliar los efectos de la litigiosidad generada en el último año y que puede llevar al colapso de algunos juzgados, especialmente de lo Mercantil.
El Colegio trabaja con la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y con la Fiscalía Provincial de Madrid para que los fiscales puedan plantear acuerdos de conformidad antes del juicio.
"Se trabaja con carácter previo al juicio para que el fiscal llame al abogado y se planté la posibilidad de una conformidad para evitar el juicio y eliminar la carga de trabajo", ha indicado.
También se está reforzando la mediación en lo Civil y Mercantil, dado que por ejemplo se están dando muchos pleitos en contratos de arrendamiento como consecuencia de la pandemia por reducción de la renta o congelación de pagos.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Para evitar un colapso en esta jurisdicción, también se trabaja desde hace tiempo con los jueces para poner en marcha una guía de buenas prácticas para tratar de salvar el mayor número de empresas que entran en concurso con la venta de unidades productivas.
"Se espera que haya hasta 50.000 concursos de acreedores que afecten a autónomos, pequeñas empresas y personas físicas. Y un 30 por ciento de los asuntos que llegan a los Juzgados de lo Mercantil tienen que ver con el transporte aéreo como pérdida de maletas o de viajes. Y eso colapsa los juzgados y se trata de reclamaciones de muy poco dinero", ha señalado.
Así, desde el Colegio se trabaja para impulsar un arbitraje de consumo "muy sencillo" para quitar esa carga a los juzgados de lo mercantil, dado que estos jueces tienen que centrarse en ayudar a las empresas y no puede estar "perturbado" por estos temas. De ahí, que el ICAM quiere convencer a las compañías aéreas para que en los billetes se meta un arbitraje de consumo, pero son "reacias" y es "una gran pelea que hay en este momento".
Jueces de lo Mercantil, el ICAM, el Colegio de Economistas, el Colegio de Técnicos Mercantiles y el Colegio de Registradores trabajan para establecer una Guía de Buenas Prácticas para que en la fase previa a la presentación de un concurso se pueda vender la unidad productiva que sea salvable, de tal modo que "el juez se limite autorizar la venta algo que funciona muy bien en Inglaterra y Holanda", según Alonso.
Finalmente, el decano ha indicado que a través de la Fundación Cortina el colegio ha destinado medio millón de euros a aquellos abogados que se encuentran en una situación anímica por la pandemia en casos por ejemplo de que hayan sido desahuciados de sus despachos.