MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha asegurado que la Comunidad de Madrid debe ser "transparente" sobre toda aquella información que caiga en sus manos en relación a Eurovegas, según consta en un escrito dirigido a la plataforma 'Eurovegas no' y la ONG 'Pro Transparencia Access Info Europe'.
La institución ha censurado que, por el contrario, la Comunidad no ha contestado a los reclamantes de información, en alusión a las asociaciones a las que se dirige el escrito, que han presentado una queja por la "falta de transparencia" del Gobierno regional respecto de la instalación del proyecto de juego, ocio y turismo.
En el escrito, donde figura como fecha de salida del registro el 5 de marzo, el Defensor del Pueblo explica que ha recibido un informe de la Consejería de Economía y Hacienda que indica que dichas asociaciones habrían dirigido a la Comunidad "varias solicitudes de acceso a la información sobre los costes reales del proyecto para el contribuyente, los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto y los estudios de impacto que deberían hacerse antes de dar el visto bueno a Eurovegas".
"Dice la Administración no haber recibido ninguna solicitud formal de esa empresa para la implantación de un proceso de esa naturaleza, por lo que no puede saber cuál va a ser su ubicación, sus impactos ambientales o sociales, sus costes reales o su viabilidad, ni siquiera si finalmente se va a implantar o no", señala el escrito.
"La Comunidad de Madrid por tanto no puede dar acceso ni informar sobre lo que no es sino una mera expectativa de implantación de un proyecto, de carácter privado, de cuyo contenido corresponderá informar, si ese es su deseo, a la entidad promotora", prosigue el documento, citando el informe de la Consejería.
En este sentido, el Defensor del Pueblo sostiene que "desde que se difunde que una empresa quiere implantar un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones en la Comunidad de Madrid, la administración no necesita esperar a recibir una solicitud formal de esa empresa".
"Sepa o no sepa cuál va a ser la ubicación, impactos ambientales o sociales, su viabilidad en suma, la Comunidad de Madrid ha de obtener información, incluso tratándose de una mera expectativa de implantación de carácter privado, pues no solo a la entidad promotora correspondería informar de su contenido", precisa.
CRITICA EL ARGUMENTO DE QUE NO HAY SOLICITUD FORMAL PARA EL PROYECTO
Además, el Defensor del Pueblo critica que la Comunidad "justifica su falta de respuesta en que no ha recibido ninguna solicitud formal de la empresa para la implantación del proyecto, mientras que por otro lado es promulgada una ley", 8/2012 de 28 de diciembre, "justamente para establecer un marco jurídico nuevo".
"La institución del Defensor del Pueblo detecta un desequilibrio entre la falta de respuesta a una solicitud legítima formulada por los ciudadanos y la respuesta en forma de ley ante una mera expectativa", constata el escrito.
Para el Defensor del Pueblo, ante la información difundida y la promulgación en diciembre pasado de una norma con rango de ley que la Comunidad de Madrid relaciona con la expectativa de un macro complejo de ocio y turismo, "la transparencia y la información a los ciudadanos no puede depender solo del artículo 37 de la Ley de Procedimiento Común", como pretende la Comunidad.
El Defensor del Pueblo considera necesario proseguir la investigación y solicitar a la administración información sobre "si ha sido presentada por Las Vegas Sands Corporation alguna solicitud, siquiera informal, para la aprobación como Centro Integrado de Desarrollo de un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones en la Comunidad de Madrid" y, en su caso, "qué actuaciones había habido hasta el momento".
En concreto, pide que de la información facilitada sea posible deducir "el estado de tramitación del proyecto -si es que se encuentra en trámite, por ejemplo una declaración de viabilidad en principio-", así como "cuáles serían la utilidad pública o el interés social, la localización y los terrenos, las características técnicas del proyecto, los plazos de inicio y terminación de las obras, la viabilidad por relación al coste previsto y los medios (propios y ajenos)".
Además de estos extremos, también pide aclarar la forma de gestión, el impacto ambiental y territorial, la conformidad o no a la ordenación urbanística y tanto obligaciones asumidas por la promotora como las garantías que prestaría. "En suma, las circunstancias que harían que el proyecto pudiera ser aprobado como Centro Integrado de Desarrollo", conforme a la nueva legislación regional.
