El Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 5.751 quejas de madrileños en 2019, un 26% más

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 5.751 expedientes de ciudadanos madrileños, lo que supone un 26 por ciento más (4.552) que en 2019, unos datos que vuelven a colocar a Madrid como la región con más quejas de España con diferencia, según el Informe anual entregado este miércoles por la institución a las Cortes generales.

Las quejas recibidas en 2019, también en la Comunidad de Madrid, continúan la estela de otros ejercicios y reflejan una demanda social según la cual sigue siendo necesario que las administraciones aumenten los medios humanos y materiales sin los cuales no se pueden ofrecer servicios públicos de calidad.

El Defensor llama de nuevo la atención sobre la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica. "El refuerzo de la Atención Primaria es imprescindible. Hay además que apostar, decididamente, por el desarrollo de la cartera sociosanitaria de prestaciones, es decir por los cuidados de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia y rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable", apunta.

En lo que se refiere a las listas de espera, la Institución continúa formulando recomendaciones a distintas comunidades autónomas para que reduzcan las demoras en los procedimientos quirúrgicos de reconstrucción mamaria, etcétera.

VIVIENDA Y RENTAS MÍNIMAS

Las quejas sobre la opacidad de los procesos de adjudicación de vivienda pública protegida (VPP) y los retrasos en el pago de ayudas ya reconocidas en materia de vivienda volvieron a protagonizar las reclamaciones ciudadanas en 2019. La Institución ha instado a las administraciones a aumentar el parque de vivienda social en alquiler y a priorizar en el acceso a colectivos en riesgo.

Además, en Madrid el órgano que dirige Francisco Fernández Marugán también actuó para que los afectados por la venta de vivienda pública a fondos de inversión no tengan que volver a pasar por todo el procedimiento de adjudicación y se les pueda asignar una vivienda a través de un procedimiento específico si sus circunstancias personales no han variado. La Institución formuló sendas recomendaciones a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid en este sentido.

En rentas mínimas, las quejas que recibe y tramita el Defensor del Pueblo reflejan que la cobertura, intensidad y adecuación de las rentas mínimas es "muy desigual" en función del territorio. En Madrid, continuó recibiendo quejas sobre distintos aspectos de la regulación y la gestión de esta prestación de la Comunidad y realizó cuatro recomendaciones para mejorar el servicio de esta prestación.

Sobre las viviendas de uso turístico, también ha pedido cambios normativos a la Comunidad para que la inscripción en el registro de este tipo de viviendas sea obligatoria y para que el acceso al registro sea público.

En opinión del Defensor, la información recogida en el registro es necesaria no solo a efectos estadísticos o de gestión de otras políticas, como la planificación urbana, sino también a efectos de protección de los consumidores y usuarios. Así, considera que los poderes públicos tienen que crear un marco normativo que favorezca la transparencia y evite el crecimiento de la oferta turística clandestina o fuera de control.

EDUCACIÓN

Fernández Marugán ha pedido a las administraciones competentes que incrementen las inversiones para la mejora y mantenimiento de las instalaciones escolares. Además, ha reclamado una educación de calidad en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva, educar en igualdad sea una prioridad y la equidad en el acceso a la educación "sea una realidad".

El Defensor considera "imprescindible" un sistema de becas y ayudas al estudio "sólido y eficiente" para evitar que las condiciones personales, culturales, económicas y sociales condicionen el acceso a la educación. En este sentido, la Institución lleva años insistiendo en la necesidad de que la concesión y el ingreso de las becas se produzcan con carácter previo al inicio del curso o de los estudios para los que esté destinada la ayuda.

En lo que se refiere a la formación profesional, el Defensor considera que es necesario reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional y aumentar la oferta, tanto de ciclos formativos como de número de plazas. Sigue manteniendo abiertas actuaciones relativas a la retirada de amianto en centros escolares de las Comunidades de Cataluña, Madrid y Murcia.

La atención temprana exige también un esfuerzo por parte de las comunidades autónomas. El proceso de adjudicación de plazas también considera que debe ser más transparente. En este sentido, el Defensor recomendó a la Comunidad de Madrid la publicación periódica de la situación de las listas de espera y de las plazas adjudicadas en la correspondiente página web de manera clara, estructurada, accesible y comprensible.

RESIDENCIAS

El Defensor del Pueblo viene examinando desde hace tiempo la atención que se presta en los centros residenciales de mayores de todo el territorio nacional y alertando de las carencias de medios y personal en muchos de ellos. En 2018, la Institución puso de manifiesto en su informe anual el resultado del examen realizado sobre las residencias públicas y privadas de la tercera edad en el conjunto del Estado.

Así, el Defensor ha podido confirmar toda una serie de conclusiones en asuntos tales como la dispersión normativa sobre centros residenciales; la recopilación de datos que realizan las CCAA; la insuficiencia de plazas; la necesidad de revisar al alza de ratios de personal; la asistencia sanitaria que reciben las personas que viven en residencias; y las inspecciones que se realizan.

También se han analizado situaciones que afectan a la libertad, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico y las sujeciones físicas.

El Defensor del Pueblo cree que "deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias y que exijan una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de este sector".

MENORES, MIGRACIONES Y VIOLENCIA DE GÉNERO

La institución ha avisado sobre el elevado número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial y considera que las administraciones públicas tienen que adoptar políticas integrales destinadas a apoyar a las familias de acogida. En concreto, cree necesario mejorar las ayudas, dar más y mejor apoyo, así como formación a las familias acogedoras, aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y desarrollar el acogimiento profesionalizado.

En este sentido, la Institución prosiguió sus actuaciones sobe el Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza (Madrid), cuya situación ha empeorado considerablemente, "siendo crítica en la actualidad".

MEDIO AMBIENTE

En 2019, la Institución continuó analizando el problema de la contaminación atmosférica en España . En este contexto, recibió numerosas quejas en contra de la supresión de la zona de bajas emisiones de Madrid Central y mantiene abierta una actuación sobre este asunto con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid.

La contaminación por los malos olores que genera el Parque Tecnológico de Valdemingómez también motivó sendas sugerencias al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad, "que aún esperan respuesta por parte de ambas administraciones".

La contaminación acústica fue motivo un año más de numerosas quejas, sobre todo relacionadas con el ruido provocado por actividades económicas como bares, restaurantes o discotecas.