Delegación de Gobierno cambia de lugar la concentración convocada por UGT frente a la Asamblea de Madrid

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha modificado la ubicación de la concentración comunicada por UGT frente a la Asamblea de Madrid y prevista para el 21 de febrero por la tarde bajo el lema 'Contra el cierre de los centros educativos públicos'.

En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Cristina Cifuentes ha justificado su decisión en que ese día a esa hora se celebra sesión plenaria en el Parlamento madrileño y, por tanto, "no es el lugar idóneo para esta concentración".

Y para ello citan el artículo 434 del Código Penal, que fija multas o penas de prisión "a quienes promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

El departamento gubernamental recoge jurisprudencia pasada pero también presente en ese sentido. De hecho, se refiere a la sentencia del pasado 12 de noviembre, en relación con el movimiento 25-S, que señala que "toda la concentración en los aledaños del Congreso o cualquier Asamblea legislativa, reunidos en sesión parlamentaria, no puede ser autorizada en la medida que implica, en sí misma, una presión psicológica a los parlamentarios, lo que integra un claro límite al ejercicio del derecho de reunión".

La Delegación del Gobierno también hace referencia a los hechos acaecidos el 5 de diciembre, fecha en la que hubo una concentración similar en el edificio de la Asamblea, en la que protestaban personal sanitario y trabajadores de Telemadrid y "hubo intentos por una parte de los integrantes de esa concentración de sobrepasar los cordones policiales para entrar en la Asamblea, llegando a sentarse en la salida de coches de recinto con la intención de impedir que pudieran salir los vehículos del aparcamiento del edificio; ellos que dieron lugar a la detención de una persona".

Asimismo, hace referencia a la reciente sentencia del 18 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que rechazó que la manifestación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) convocada para el día siguiente contra el desmantelamiento y en defensa de la sanidad pública pudiera acabar en la Asamblea de Madrid.

Por todo ello, el departamento que dirige Cristina Cifuentes considera conveniente modificar el lugar de la concentración de UGT hasta la confluencia de la avenida de Buenos Aires con la avenida de Pablo Neruda. "Este emplazamiento no supone menoscabo del derecho fundamental de reunión, ya que se trata de un espacio público en el que queda plenamente asegurada la difusión de las reivindicaciones y mensajes objeto del acto, enervando, al mismo tiempo, el riesgo de infracción de la prohibición de alterar el normal funcionamiento de la Asamblea Legislativa de Madrid".

Así, fija que la concentración se celebre en los carriles de circulación en el sentido de la marcha de vehículos en la avenida, "sin invadir los carriles del sentido contrario ni interrumpir el tráfico rodado en la avenida de Pablo Neruda".

Igualmente, los organizadores y participantes en dicha reunión "deberán atender las indicaciones de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidas a ordenar el normal desarrollo de la misma, con el fin de no perturbar el libre ejercicio por los demás ciudadanos de sus derechos y libertades y para hacer posible la prestación de servicios públicos esenciales y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

UGT CRITICA ESTA DECISIÓN

Tras esta resolución, UGT ha criticado que Delegación envíe la concentración "a un lugar bastante alejado" de la Asamblea y señala que "se está vulnerando el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente".

Además, añade que precisamente solicitaron la concentración ese día, en ese lugar y a esa hora porque en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid "se tratará el cierre de centros públicos, que la Comunidad ha previsto para el próximo curso de forma absolutamente unilateral y arbitraria y contra el que se viene manifestando la comunidad educativa en su conjunto durante los últimos meses".

El sindicato ha anunciado que estudiará el recurso judicial contra esta decisión que considera "injusta y arbitraria".