FUENLABRADA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado número 3 de instrucción de Fuenlabrada ha desestimado los recursos presentados contra el archivo de la causa abierta por la instalación de una cámara oculta en dependencias municipales, hecho que denunciaron los trabajadores afectados y al que también se sumó el Partido Popular.
El auto entiende que no hay motivos para pensar que se les estaba "espiando" a los trabajadores directamente afectados por la colocación de la cámara y añade que su instalación bien podía tener como objetivo la protección de ciertos documentos que habían sido sustraídos previamente en ese mismo lugar.
El documento del Juzgado indica también que los funcionarios que aparecen en las grabaciones no estaban desarrollando funciones privadas "sino que estaban trabajando en un edificio público y en un despacho compartido por otros trabajadores públicos". Además, precisa que "las imágenes en cuestión -dada la lejanía y orientación- no permitían observar al detalle lo que el funcionario hacía exactamente en su ordenador, lo que guardaba en éste o en los cajones de la mesa".
El texto dice que lo único que queda probado es que la cámara captaba y grababa imágenes en las que se observaba a cierta distancia la mesa de dos funcionarios del Ayuntamiento así como los archivadores situados detrás de estas dos mesas, recalcando una vez más - como ya lo hiciera en el sobreseimiento del caso- que las mesas de los funcionarios públicos están excluidas expresamente del ámbito privado.
Tras la segunda desestimación del caso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha recalcado que se decidió instalar la mencionada cámara -"orientada hacia los archivadores que guardaban documentos oficiales- con el fin de proteger documentos y descubrir al autor de la sustracción de los mismos unas semanas antes. Asimismo, el Consistorio fuenlabreño ha vuelto a insistir en que "las cintas nunca fueron visionadas ya que no desapareció ningún papel desde su colocación".
EL PRIMER SOBRESEIMIENTO
El juzgado de instrucción número 3 de Fuenlabrada archivó el pasado mes de febrero la denuncia interpuesta hace un año por varios trabajadores del Ayuntamiento de la localidad tras el hallazgo de esta cámara que estaba escondida en un falso techo del departamento de Recursos Humanos. La decisión se basó entonces en un informe del Ministerio Fiscal que decía que no se habían podido acreditar fines ilegítimos en su colocación.
El informe del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, aseguraba que "efectivamente, se instaló un artificio técnico de grabación de imagen" que se encontraba dirigido hacia unos archivadores y una mesa del Departamento de Recursos Humanos en ángulo de 45 grados hacia el suelo y sin cartel que advirtiera de su colocación y funcionamiento. En dicho informe se reconocía, asimismo, que no se había podido probar que hubiera otros aparatos similares en otras dependencias municipales.
El Fiscal continuaba señalando que, tras la incautación de los aparatos pertinentes, se encontró en el disco duro una grabación ininterrumpida que había comenzado el 17 de enero de 2009 y concluido el 9 de febrero del mismo año, día en que se presentó la denuncia. Asimismo, aclaraba que no era necesario descargar las imágenes a un ordenador para poder visualizarlas y que "no es posible verificar la persona física que ha visionado las grabaciones porque no queda ningún indicio de la acción 'visualizar' ni es posible determinar si se han realizado conexiones" desde distintos equipos.
El mencionado informe explicaba que el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, José Francisco Cano, reconoció la autoría de la colocación de la cámara oculta, que ni el alcalde ni los concejales tenían de su existencia y que sólo él tenía autorización para, en un momento dado, poder haber visto las imágenes grabadas.
En su declaración, Cano aclaró que la cámara recogía imágenes pero no sonido y justificó su colocación aludiendo a la desaparición de expedientes del área de Recursos Humanos del Consistorio. Además, explicó que como tras su colocación no desaparecieron más informes, no fue necesario proceder a la visualización de las imágenes.
DESAPARICIÓN DE EXPEDIENTES
El Fiscal daba cuenta también de las declaraciones del actual y el anterior director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento y del responsable de la empresa de seguridad que instaló la cámara el 27 de septiembre de 2007 -casi 1 año y medio antes de que se descubriera en dependencias municipales-.
Asimismo, recogía la declaración de 2 trabajadores del departamento municipal en el que se instaló la cámara: uno de ellos, delegado sindical, hablaba de una "caza o persecución" hacia funcionarios y aseguraba no tener conocimiento de que faltaran expedientes; el otro dice que era "vox pópuli" en el Consistorio que se había producido la desaparición de documentos que supuestamente motivó la colocación de la cámara.
Además, el informe explicaba que el 6 de julio del año pasado, el Ayuntamiento de Fuenlabrada informó sobre los expedientes personales concretamente desaparecidos de la Dirección General del Recursos Humanos, siendo estos los correspondientes a 2 de los denunciantes del caso de la cámara oculta.
El Fiscal se apoyaba en todo lo anterior y en jurisprudencia existente que, por ejemplo, explica que las mesas de los funcionarios no son lugares donde estos desarrollen su privacidad o que argumentan que hay casos en que los mencionados funcionarios tienen posibilidad de acceder a datos protegidos de terceros, pudiendo surgir un límite por el hecho de proteger el derecho de múltiples ciudadanos.
Así, por todo lo anterior, concluyó que "no se ha acreditado que la causa de la instalación de la cámara sea otra que la de investigar la desaparición de documentos o expedientes personales de funcionarios del departamento y en el espacio físico descrito" y añadió que "no ha quedado acreditado (tampoco) que el jefe de la Policía Local, José Francisco Cano, prevaliéndose de su cargo, instalara el dispositivo para objetivos ilegítimos al margen de la desaparición de expedientes".
