Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento una auditoría del convenio firmado en 2011 con el Real Madrid

Estadio Santiago Bernabeú
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 29 octubre 2015 14:04

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Madrid una auditoría del convenio firmado en 2011 con el Real Madrid Club de Fútbol, el cual se basaba en una valoración de una parcela en el barrio de Las Tablas que, según la información publicada en el diario 'El País', podría estar sobredimensionada en favor de la entidad deportiva.

Según ha informado la organización en un comunicado, el Consistorio asume una deuda de 22.785.092 euros a favor de la entidad deportiva por el convenio que firmaron, por aquel entonces, el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el Real Madrid Club de Fútbol. Esta deuda procede de la valoración de una parcela en el barrio de Las Tablas que el Ayuntamiento de Madrid debía haber cedido al club de fútbol en 1998, pero que nunca llegó a materializarse.

En 1998 la parcela tenía un valor de 488.000 euros, pero cuando se valoró en 2011 el Ayuntamiento le asignó un precio de 22.693.054 euros. La deuda total que asumió el Ayuntamiento en el convenio está formada por el precio de la parcela de 2011, más los pagos del IBI que había satisfecho el Real Madrid y que ascendía a 92.037 euros. Para satisfacer la deuda contraída, el Ayuntamiento cedió al club de fútbol varias parcelas públicas, entre ellas cuatro en Carabanchel.

Este convenio se firmó tan sólo cuatro meses antes de iniciar la tramitación de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Madrid, por la que se permitía al club de fútbol anexar al estadio Santiago Bernabéu un centro comercial y un hotel de lujo. "Todo ello en el Paseo de la Castellana, una de las zonas más caras de la ciudad", han añadido.

Por tanto, cuando el Consistorio le cede al Real Madrid las parcelas en Carabanchel, "como pago de una deuda posiblemente sobredimensionada, le permitió que usara esas parcelas para ser devueltas al consistorio en forma de cesiones obligatorias de zonas verdes y equipamiento". "Sin este intercambio de parcelas habría sido inviable la modificación puntual", ha señalado la asociación.

Ecologistas en Acción recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la modificación puntual. "Actualmente, está anulada por sentencia firme. Por tanto, no podrán construirse ni el centro comercial ni el hotel en el Paseo de la Castellana. Pero el convenio firmado en 2011 sigue vigente y, con él, la deuda adquirida por el Ayuntamiento de Madrid de 22.785.092 euros", han explicado.

Asimismo, la deuda está siendo investigada por la Comisión Europea por si pudiera considerarse ayuda estatal encubierta, prohibida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Además, tras la información publicada en el diario 'El País', se ha conocido que la Comisión Europea encargó una segunda valoración independiente de la parcela de Las Tablas. Según los datos de esta tasación, el precio para uso deportivo, que es el que tiene la parcela, ascendería en 2011 a 4.268.684 euros, lo que supondría 18.424.370 euros por debajo del precio establecido por el ayuntamiento en el convenio (22.693.054 euros).

En caso de asumir un posible uso para vivienda pública, como contemplaba la valoración municipal, el valor alcanzaría los 12.245.144 euros, lo que también supondría 10.447.910 euros menos del precio establecido en el convenio. Según ha indicado Ecologistas en Acción, "el valor que el Ayuntamiento dio a la parcela de Las Tablas, en 2011, podría haber sido muy superior al precio real".

La sentencia del TSJM, que anuló la construcción del complejo comercial-hostelero junto al estadio Santiago Bernabéu, subraya que "la operación está diseñada solo para satisfacer las necesidades de la entidad privada".

La portavoz de la organización, Mª Ángeles Nieto, ha reiterado que "el Gobierno de Ruiz-Gallardón podría haber puesto la administración municipal al servicio del Real Madrid, perjudicando gravemente el interés público".

"Por ello, el actual equipo de Gobierno debería investigar los hechos. De comprobarse que se produjo un trato de favor, perjudicando los intereses públicos tendrían que derivarse consecuencias políticas y legales", ha concluido la portavoz.

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