Emilio Viciana, el consejero que naufragó con la Ley de Universidades tras el rechazo de rectores y estudiantes

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emilio Viciana Duro, quien fuera consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid hasta este lunes, ha naufragado en su intento de sacar adelante su Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que había acumulado varios borradores, tras el rechazo de los rectores de los seis centros públicos y la movilización estudiantil.

Su camino como máximo responsable de la educación madrileña concluía este lunes tras ser cesado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Al inicio de la legislatura, recibía el encargo de poner en marcha una nueva normativa para el refuerzo y modernización de las universidades madrileñas. Sin embargo, las negociaciones no estaban dando frutos y la situación había quedado bloqueada.

Uno de los aspectos más relevantes que afrontaba la nueva ley era la financiación de las universidades públicas --la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III--, que llevaban tiempo alertando de su "asfixia económica".

Desde verano de 2023, los despachos de la Consejería de Educación han sido testigos de intensas reuniones y varios borradores de la LESUC. Uno de ellos, el más polémico, fue el conocido en junio de 2025, que planteaba multas de hasta 100.000 euros a manifestaciones no autorizadas en los centros universitarios.

Pese a que el Gobierno regional defendió la necesidad de incluir el régimen sancionador en la normativa, finalmente acabó siendo pulido, bajando la cifra a un importe máximo de 300.000 euros. Entre las infracciones muy graves no se iban a incluir las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

LA FINANCIACIÓN, EL GRAN ESCOLLO

En el verano de 2025 hubo un primer cambio en las negociaciones. La dirigente madrileña viajaba con Viciana y los rectores a Miami (Estados Unidos) para "recoger sus aportaciones y poder incorporarlas" a la nueva normativa.

El planteamiento de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades era dividir la financiación en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos.

El último borrador conocido en noviembre incluía el concepto de "corresponsabilidad" de las universidades en la obtención de recursos para su financiación. Esta cuestión implicaba un compromiso de incremento gradual de sus ingresos a través de fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid.

No obstante, los seis rectores mostraron a finales del año pasado su "insatisfacción" con la futura norma ya que "seguía siendo insuficiente". Precisamente, era el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, quien había tenido que pedir un préstamo al Gobierno de Ayuso para hacer frente al déficit estructural del centro, el que insistía en que había que seguir negociando.

La Complutense ha sido la cara visible de la "infrafinanciación" de las universidades públicas, pero no la única. El exconsejero de Educación admitió que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se encontraba también en situación de déficit.

Aunque el centro ya ha adoptado nuevas medidas, su rector, Abraham Duarte, advirtió que si no había un aumento significativo de la financiación, "seguirían en una situación complicada". "No hemos pedido ni un crédito porque tenemos hasta finales de 2026 solvencia económica. Pero si el modelo de financiación descarrilla, a partir del 2027 podríamos tener un problema", indicó en diciembre.

LA MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL

Desde que se conocieron los primeros borradores, la coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas, que agrupan a estudiantes, profesores y trabajadores, ha plantado cara al exconsejero con varias movilizaciones. Su mayor exigencia ha sido que lo destinado a los centros públicos alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.

Pero Viciana insistía en que "no tenía ningún tipo de sustento" que las universidades públicas recibieran el 1% del PIB, un objetivo que también recoge la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU). Consideraba que era una "cifra arbitraria e irreal" y que solo buscaba "hipotecar de nuevo" a las comunidades autónomas.

Frente a la negativa de Viciana, la comunidad universitaria respondió con una huelga a finales de noviembre. El seguimiento durante los dos días superó el 70%, especialmente en la Complutense, con una asistencia del 90%, según los sindicatos.

En el último día de huelga, unas 7.000 personas marcharon por el centro de la capital contra la "asfixia" de las universidades. La convocatoria finalizó frente a la Real Casa de Correos, donde los estudiantes desplegaron en el suelo una pancarta en el que rezaba: 'Si tocáis lo público, tomaremos las calles'.

Durante los últimos meses, la plataforma ha estado expectante a los pasos de la Comunidad de Madrid. Este mismo lunes volvía a exigir la retirada de la LESUC. Si no se cumplía, amenazaba con una movilización "más salvaje" en los próximos días.

LA LLEGADA DE ZARZALEJOS

La nueva consejera, Mercedes Zarzalejos, llegó a la sede de la calle Alcalá el pasado mes de octubre como viceconsejera. Su nombramiento se consideró como un movimiento político para ayudar a encarrilar las negociaciones.

Su primera acción fue recibir a los decanos de la Universidad Complutense que protestaron en la Puerta del Sol por un plan "realista de financiación". Tal y como trasladó Zarzalejo a los medios de comunicación, la Comunidad "seguía con la voluntad de escuchar, hablar y negociar con todos los sectores de la comunidad universitaria".

Aquel paso marcó un nuevo rumbo que este lunes se ha materializado en la destitución de Viciana. Tanto la plataforma de universidades públicas como los sindicatos han mostrado su expectación a los próximos pasos de la nueva consejera. "Esperamos que sea más sensible a la situación de las universidades. Necesitamos perfiles negociadores que estén dispuestos a tomarnos como locutores", han apuntado.