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MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Formación de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad, Patricia Herrero, ha comparecido este jueves en la Comisión de Vigilancia de la Contrataciones de la Asamblea, que investiga el 'caso Aneri', donde ha reiterado que los beneficiarios de la subvenciones para los cursos de formación continua son responsable de su control.
"Los beneficiarios de estas subvenciones son responsables no solamente de justificar la realización de las acciones formativas subvencionadas, sino también los gastos generales de dichas actividades así como de los costes subvencionables, según recoge la normativa preceptiva", ha señalado Herrero, quien ha agregado que, a tal efecto, deben aportar también un informe de auditor para justificar tanto la parte económica como la evaluación de la calidad de la formación.
En este sentido, ha aseverado que "las entidades beneficiarias asumen compromisos muy precisos en cuanto al control de la formación se refiere" y, de hecho, podían imputar hasta un 10 por ciento de la cuantía recibida en la subvención a la realización de las tareas de control.
Además, ante preguntas de la diputada socialista María José Navarro sobre la falta de autorización por parte de la Administración para la subcontratación de los cursos, según la documentación disponible, Herrero ha explicado que la autorización para la subcontratación solo es preceptiva en algunos casos y en otros puede obtenerse mediante silencio administrativo.
Durante su comparecencia, la directora general ha señalado que "debe quedar muy claro que Sinergia Empresarial no es adjudicataria de subvenciones de la Consejería de Empleo Turismo y Cultura, nunca se ha presentado a una convocatoria de formación continua de 2011", ha constatado, antes de explicar que simplemente "fue la empresa elegida libremente por 25 asociaciones empresariales que la subcontrataron como proveedor de servicios de teleformación", lo cual es posible conforme a la normativa.
Asimismo, tras insistir en que "queda claro y palmario" que los beneficiarios de las subvenciones son responsables de la actividad subvencionada, "hayan contratado a quien hayan contratado", y de "verificar en tiempo real el correcto desarrollo de la formación", teniendo en cuenta factores como el profesorado, el horario, la adecuación al programa, así como de evaluar la calidad de los cursos, según el convenio que suscriben, Herrero se ha preguntado si estas asociaciones han explicado a sus asociados qué hicieron con los fondos públicos que recibieron y por qué no han demandado a José Luis Aneri, administrador de Sinergia Empresarial.
Frente a las acusaciones de la oposición por ausencia de negligencia en la gestión, falta de control y connivencia con las asociaciones, ha subrayado que los expedientes de todas las asociaciones vinculadas al 'caso Aneri' están revocados y tienen incoados un expediente sancionador, así como que todos los recursos administrativos interpuestos por las asociaciones han sido desestimados.
Por otro lado, ha indicado que cuatro de las asociaciones vinculadas al 'caso Aneri' solicitaron la ampliación del plazo de justificación entre el mes de octubre y el mes de enero, fuera del plazo establecido para ello, pero a ninguna se les ha concedido y a todas se les ha revocado el expediente. Asimismo, las que presentaron documentación fuera de plazo han tenido como respuesta igualmente la revocación del expediente.
En concreto, sobre la ausencia de control ha afirmado que precisamente es "gracias al control realizado sobre los cursos cómo se descubre todo", y que además de haber detectado las irregularidades administrativas se han obtenido pruebas de alumnos falsos, de DNI correlativos, de números de teléfono inexistentes, de los mismos números de teléfono utilizados para distintos alumnos, de documentación falsa, de facturas manipuladas, de informes de auditoría sin firmar, entre otras cosas, lo que demuestra que el control ha existido, pero "el sistema empleado estaba ideado para evitar el control".
Asimismo, ha asegurado que en cuanto se han obtenido las pruebas de presunta estafa, después de haber detectado las irregularidades administrativas, la Consejería ha acudido a la Policía y que está colaborando con la Agencia Tributaria y la Dirección Territorial de Trabajo, además de haber puesto en marcha la colaboración con informáticos forenses y de haber incrementado los controles por encima de lo legalmente exigible. "Luego, ni negligencia en la gestión, ni connivencia con las asociaciones, ni ausencia de control", ha zanjado.
