Empresario acusado de estafa dice que los perjudicados por sus negocios son una excepción

Europa Press Madrid
Actualizado: viernes, 5 febrero 2016 14:46


MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario Rufino Pereda, acusado de fraude tecnológico por un valor de 6 millones de euros ha afirmado este viernes durante la vista oral del juicio que los inversores perjudicados por sus negocios son "una pequeña excepción" ya que el 90 por ciento de los mismos continúan con él en diversos negocios.

Así lo ha asegurado Pereda durante la celebración de la primera sesión del juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid después de que este se aplazara el pasado lunes tras la aportación por parte de su defensa de una mayor cantidad de pruebas para demostrar la inocencia de su cliente.

Tal y como se recoge en las calificaciones provisionales de la Fiscalía, el empresario cántabro junto a otros socios "con ánimo de enriquecerse ilícitamente" crearon un entramado societario al que llamaron Grupo Red Enlaza, del que Pereda era presidente. De esta red colgaban 17 filiales (una por cada comunidad autónoma).

Los acusados participaban presuntamente en "numerosos eventos" con el objetivo de "captar ilícitamente" fondos de terceros, en los que aseguraban que el grupo de empresas iba a ser "el primer operador en explotar comercialmente en España la telefonía móvil de cuarta generación".

El empresario cántabro ha asegurado que lleva "toda la vida" dedicándose a los negocios y que va a "continuar en ello". Ha afirmado que cuando fue detenido llevaba ocho años con su proyecto de inversión de venta de teléfonos móviles, --que requería 3,2 millones de euros--, y otro proyecto, el operador de telefonía móvil, --que necesitaba más de 800 millones de euros--. Él aportó al principio 3.000 euros, luego parte de sus empresas y después "todo" su patrimonio para hacer frente a ambos negocios.

Pereda ha afirmado que en otras empresas ya tenía clientes y que consiguió financiación bancaria en 2003 con Caja Madrid, aunque más adelante intentaron financiarse con otros bancos pero fue "imposible", por lo que acudieron más tarde a "socios inversores", por lo que cedió parte de sus empresas para obtener el dinero. Después de crear la compañía Red Enlaza, decidieron que tuviera 17 filiales para tener una "mayor competencia de mercado", aunque no consiguieron sus "objetivos comerciales" porque les detuvieron.

Además, ha afirmado que habían desarrollado más de 200 prototipos de móviles para comercializar. Ha explicado que antes de una producción industrial, tuvieron que desarrollar los moldes --incluido un software "muy avanzado"-- de estos productos para presentarlos a los clientes, que es para lo que necesitaban el dinero.

El fiscal le ha remitido a su declaración en los Juzgados de Instrucción, cuando Pereda dijo que esos diseños móviles los realizaba una empresa china. Pereda ha señalado que tenía contratos con ocho empresas de esa nacionalidad "para promocionarlas". Además, el empresario cántabro ha señalado que no tenía patente para realizar esos móviles "porque no era necesario".

El empresario cántabro también ha sido requerido sobre su relación con 'Imobility World', una de las empresas integrada en Grupo Red Enlaza, de la que Pereda ha dicho que se quería implantar en Europa. El fiscal ha hecho referencia a la página web de la compañía, donde en diversas notas de prensa se decía que una empresa cántabra iba a implantar una fábrica en Marruecos y que va a fabricar los móviles de clubes españoles de fútbol. Rufino Pereda ha señalado que cuando se lee el artículo "se entiende" y que los periodistas los titulan como "creen".

El juez ha preguntado a Pereda si las fuentes de información eran correctas y estaba él detrás de las mismas. El empresario lo ha negado y ha señalado que los periodistas sacarían las fuentes "del gobierno de Ceuta". El fiscal le ha dicho que entonces la información era falsa, a lo que Pereda ha contestado "no" y que para eso estaban los contratos. "Cuando la prensa coge una frase, le da la vuelta para convertirla en llamativa".

SOCIEDADES AUTONÓMICAS

Respecto a por qué no registró las diferentes sociedades autonómicas de Red Enlaza, el empresario ha afirmado que a través de esta (la empresa matriz), que dota de servicios a los operadores regionales, se buscaban inversores que atrajeran "al resto". Uno de ellos atrajo a dos inversores que "querían invertir", para lo que tenían que constituir las sociedades del proyecto. No se registraron porque les robaroon las escrituras de las mismas.

El fiscal le ha recordado que en la fase de instrucción "dio otra explicación", y Pereda le ha dicho que se enteró del robo "con posterioridad". Además, el Ministerio Fiscal le ha preguntado quién ideó el sistema de inversión "piramidal". Él ha señalado que no sabe "dónde hay una pirámide", ya que un socio invierte en una de las sociedades "pero tiene acceso al resto".

AEROTAXI

Rufino Pereda también ha sido interrogado sobre el alquiler de aviones de privados por la compañía, los cuales, según la Fiscalía, ofrecían como propios a los posibles inversores para sus desplazamientos. Pereda ha afirmado que "varias empresas" le ofrecieron esos servicios, y los contrataron "porque le dijeron que se reducirían costes" en el desplazamiento del personal hasta el lugar donde se pudieran celebrar las reuniones.

Respecto a si el empresario debe una cantidad superior a los 400.000 euros a las empresas que alquilaron los aviones, Pereda ha señalado que sí se pagaron los vuelos, ya que "si un aerotaxi no se paga por adelantado, no se vuela", pero que muchas de esas compañías "pasaban después una factura desorbitada" en la que se establecían servicios que no habían contratado. Ha puntualizado que él no era le encargado de contratar los vuelos, sino que era cometido del director general de la oficina.

El juicio continuará el próximo lunes, donde declararán la mano derecha de Pereda, Emilio Rodríguez Marrón, para quien se piden también seis años y el director comercial Gonzalo Agüeros, que se enfrenta a una pena de cuatro años. Además, la Fiscalía solicita tres años de cárcel para Miguel Ángel Martín y Leticia Villalba, de quienes las acusaciones aseguran que ambos se encargaban de buscar inversores, tarea por la que recibían comisión.

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