MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Directivos y gerentes de empresas de control técnico que colaboran en la nueva ordenanza de gestión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid garantizaron hoy la mayor agilización y seguridad jurídica que implica la puesta en marcha de este nuevo sistema.
Así lo manifestaron en la I Jornada sobre la nueva Ordenanza de Régimen y Gestión de las Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, organizada conjuntamente por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la Asociación Española de Grupos Empresariales de Inspección y Certificación (AEGIC) y la Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control Técnico Independientes (Aeccti).
En este contexto, representantes de las ECLU (Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas de Actividades) desgranaron ante empresarios madrileños todos los detalles del proceso, desde el ámbito de aplicación, las particularidades que conlleva cada tipo de procedimiento o licencia, las inspecciones, las reclamaciones o las tarifas.
Ante un auditorio lleno, en la sede de la CEIM, se expusieron con detalle los plazos fijados para la obtención del certificado de conformidad de que acredita el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la realización de las actuaciones urbanísticas demandadas, así como los específicos de cada caso para licencias de obra o de funcionamiento.
En este terreno quedó claro que el nuevo sistema implicará una notable agilización del proceso, de tal manera que las empresas de Aeccti y AEGIC se marcaron como un objetivo irrenunciable el conseguir paliar el atasco que en este campo padece la Administración madrileña, un colapso que es generalizado y crónico en todos los ayuntamientos españoles.
ESTRICTOS REQUISITOS
Los estrictos requisitos establecidos para obtener la acreditación como ECLU y sus obligaciones, tanto para su operatividad como en el ámbito de la seguridad jurídica, con una póliza de responsabilidad civil con un límite de 1.300.00 euros para el 2010, así como el régimen de sanciones aplicable a estas entidades, fueron analizados durante la jornada, como también las tarifas máximas fijadas por el Ayuntamiento para cada procedimiento.
En este sentido, los asistentes incidieron en el ahorro que estos precios suponen para el ciudadano, al margen de los previsibles descensos que se deriven de la competitividad entre las distintas ECLU, una de las grandes ventajas que presenta la nueva ordenanza madrileña frente a otros sistemas avalados por alguna Administración local pero mucho más rígidos y que derivan inexorablemente en prácticas monopolistas.
Asimismo, se expusieron las particularidades que implican actividades que puedan incidir en el medioambiente, en materia de seguridad u otras cuestiones especiales, y los procedimientos diseñados para las reclamaciones, aspecto sobre el que se resaltó la duplicidad de caminos que se le presentan ahora al administrado, pues pueden acudir, como ya hacía antes, al Ayuntamiento, y puede hacerlo además y al mismo tiempo ante la ECLU.
