MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fondo Encasa Cibeles, que adquirió 3.000 viviendas del IVIMA cuya venta anuló el Tribunal Supremo, ha llevado a la Comunidad de Madrid a los tribunales la operación de compraventa por parte de la Agencia de Vivienda Social (AVS) --antiguo IVIMA--, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
En un comunicado, el fondo ha concretado que se ha recurrido la Resolución 2052/2022 de la Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (AVS), notificada el pasado 12 de mayo, por la que se pone fin al procedimiento administrativo seguido por la AVS para la liquidación del contrato de compraventa de 32 promociones.
La Justicia declaró nulo en reiteradas ocasiones este proceso de subasta, firme desde febrero de 2021, y el 29 de septiembre de 2021 se procedió a la devolución de las 1.721 viviendas sociales que aún gestionaba de las casi 3.000 que el IVIMA vendió en 2013 a Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros.
Según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, Encasa Cibeles ha acordado impugnar en los tribunales la decisión de la AVS de poner fin al procedimiento administrativo para la liquidación del contrato de compraventa de las viviendas.
Dada la complejidad técnica del debate, según Encasa Cibeles, el fondo entiende que "la manera más adecuada y natural de resolver esta discrepancia, habitual, por otra parte, en procesos de liquidación contractual como este, es sometiéndola a la decisión de los tribunales de justicia, "proporcionando así una completa seguridad jurídica a la liquidación".
En cualquier caso, ha indicado que este recurso no afecta a la situación de los inquilinos de los inmuebles, ni a la relación de estos con la AVS, "puesto que en ningún momento se está cuestionando la devolución de las 1.721 viviendas que fueron asumidas el pasado mes de septiembre por la AVS de forma ordenada y eficaz". "La AVS, como actual propietario que es, continuará gestionando las mismas con total independencia y conforme a su mejor criterio", ha indicado en un comunicado.
Finalmente, Encasa Cibeles ha señalado que considera "esencial" que los tribunales se pronuncien sobre la referida resolución y sobre sus pretensiones, "y, como siempre ha hecho, aceptará y dará debido cumplimiento a lo que estos dispongan".
Fuentes regionales han apuntado a Europa Press que la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Vivienda Social, paga "el precio justo, exactamente lo que recibió con la venta".
"Un precio avalado por la Abogacía General de la Comunidad. Si Encasa no está de acuerdo con ese precio, que nosotros consideramos justo y objetivo, tiene todo el derecho de acudir a la vía judicial ya que desde la Administración pública lo que defendemos es el patrimonio de todos los madrileños", subrayan las mismas fuentes, que insisten en que sus esfuerzos están centrados en los inquilinos de dichas viviendas, que están satisfechos con la atención recibida.
Según la Comunidad, desde que se puso en marcha la Oficina para atender a las familias se han atendido a cerca de 1.000 titulares de viviendas de manera presencia, y ha recibido 1.448 llamadas telefónicas y 1.221 correos electrónicos.
VIVIENDAS ANULADAS
El Tribunal Supremo anuló en febrero de 2021 de forma definitiva la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA acometida en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros, al desestimar el incidente de nulidad promovido por el letrado de la Comunidad de Madrid.
La Sala III descarta así el incidente de nulidad promovido por el Gobierno regional contra el auto, de 29 de noviembre de 2019, que inadmitió a su vez el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la anulación de la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), de 29 de agosto de 2013.
Esta resolución estaba relacionada con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L.
La providencia destacaba que no se había vulnerado el derecho fundamental a la tutela efectiva de la administración regional al confirmar la sentencia anulatoria de la enajenación, pues la resolución del recurso de casación se ajusta "íntegramente" a lo dispuesto en la legislación.
