EpC.-Aguirre pregunta al Gobierno central si también ha mandado requerimiento a Cataluña para aplicar la 3ª hora en castellano

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, preguntó hoy a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en relación al requerimiento que le ha mandado para que cumpla la ley e imparta Educación para la Ciudadanía, si también ha mandado uno al Gobierno catalán para que apliquen la tercera hora de castellano en los colegios.

"La ministra, al parecer, nos ha mandado un requerimiento, que el viernes por la tarde todavía no habíamos recibido en la Consejería de Educación, y yo le preguntaría (a Cabrera) si ha enviado un requerimiento a la Generalitat de Cataluña para que se aplique la tercera hora de castellano, apuntó Aguirre, durante la inauguración del colegio público Winston Churchill, en Vicálvaro.

El Gobierno central mandó el pasado viernes un requerimiento al Ejecutivo autonómico para instarle a que cumpla la Ley Orgánica de Educación, imparta la asignatura de Educación para la Ciudadanía y elimine las alternativas que ha establecido en los centros para los objetores: hacer trabajos sobre la Constitución y tareas de voluntariado en el propio colegio. Si la Comunidad no contesta en un plazo de dos meses, dejará el caso entonces en mano de los tribunales.

Aguirre, que evitó aclarar si la Comunidad de Madrid va a contestar el requerimiento, aseguró que su Gobierno "lo que hace es cumplir la ley", que la ley dice que Educación para la Ciudadanía es una asignatura obligatoria, y que, por lo tanto, está implantada en toda la región en los cursos que comienzan este año, 2º y 4º de la ESO.

"Pero la ley también dice que los padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral que quieren para sus hijos y hay padres que nos han manifestado que no están de acuerdo con algunas de las enseñanzas que ellos juzgan morales, que se incluyen en este curriculum", señaló la presidenta, quien recordó que estos padres están amparados por más de 20 sentencias de Tribunales superiores de otras comunidades.

No obstante, reconoció que tanto Madrid, y otras "muchas comunidades", entre ellas Andalucía, gobernada por los socialistas, "no tienen más remedio que aplicar la ley", independientemente de que entiendan que los padres que objetan "tienen sus razones para hacerlo".