Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - PHILIPPE STIRNWEISS
BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta una iniciativa que denuncia la construcción de una instalación municipal de residuos junto a tres colegios y una guardería en el barrio madrileño de Monte Carmelo, y que solicita que se evalúe su adecuación a la normativa europea en materia medioambiental y de protección de la infancia.
Según ha indicado la Presidencia de la comisión parlamentaria, será ahora la Comisión Europea la que deba remitir una respuesta por escrito sobre los aspectos planteados en la iniciativa, antes de que la Eurocámara determine cómo continuar con la tramitación del expediente.
La decisión se produce tras un debate en el que el peticionario ha denunciado la implantación por parte del Ayuntamiento de Madrid de una infraestructura de más de 10.000 metros cuadrados, con camiones y maquinaria, a escasos metros de varios centros educativos con más de 4.000 menores, lo que, según advierte, vulnera la Directiva de evaluación de impacto ambiental y la legislación europea sobre ruido y calidad del aire.
En respuesta, el Ejecutivo comunitario ha recordado que la Directiva marco de residuos obliga a que este tipo de instalaciones cuenten con una autorización que incluya requisitos técnicos, especificación de los residuos gestionados y medidas de control de emisiones.
También ha señalado que la Directiva de evaluación de impacto ambiental resulta aplicable a proyectos de estas características y que la observancia de la normativa europea debe verificarse en cooperación con las autoridades nacionales, que son las "más capacitadas para evaluar las circunstancias individuales" de cada caso.
Además, ha hecho referencia al artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales y ha subrayado que tanto las autoridades públicas como privadas deben tener como "consideración primordial" el interés superior del menor en todas las decisiones que puedan afectarle.
RESPALDO MAYORITARIO A LA PETICIÓN, SALVO EL PPE
En el turno de los grupos, el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Peter Agius ha sido el único en pedir el cierre de la solicitud al sostener que el proyecto "no es un vertedero ni una fábrica ni una planta industrial", sino una instalación municipal con aparcamientos, vestuarios y oficinas auxiliares, por lo que, a su juicio, deben ser "las autoridades competentes" las que evalúen el caso.
Por el contrario, representantes del resto de los grupos políticos se mostraron favorables a continuar con el examen del expediente. Desde el grupo de Socialistas y Demócratas, la eurodiputada Hana Jalloul ha defendido la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Directiva de evaluación de impacto ambiental, expresando su respaldo a las familias afectadas. "Es nuestro deber escucharles y el PP del Ayuntamiento de Madrid debe tomar nota", ha señalado.
Tanto los Patriotas como la Izquierda han coincidido también en señalar la proximidad de la instalación a centros escolares y han expresado su preocupación por el impacto que el proyecto podría tener en la salud y el entorno de los menores, al tiempo que han reclamado que se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.