MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que en la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 1.479 millones se localizan en la Comunidad de Madrid.
Así, considera que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (LMPFF), aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España como son las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales que apenas han sido inspeccionadas en los últimos dos años.
Los Técnicos de Hacienda -que realizan hoy el primer balance anual de la Ley Antifraude con motivo de su VII Congreso Nacional que se celebra en Málaga- consideran que esta norma ha supuesto un "paso adelante" en la prevención y lucha contra el fraude pero "poco ambicioso", ya que en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de economía sumergida, sigue ejerciendo, de forma masiva, un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.
Gestha estima que la Agencia Tributaria no ha sabido aprovechar la "sensibilidad" generada en la sociedad española con motivo de esta ley, para desplazar estas actuaciones masivas hacia las mayores bolsas de fraude, como la que constituyen aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.
SECTOR INMOBILIARIO, REFUGIO IDÓNEO
Gestha reconoce que si bien las actuaciones sobre el sector inmobiliario se han incrementado en este año, la Ley Antifraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde el dinero negro ha encontrado un refugio rentable. En la actualidad, la evasión fiscal en este sector ronda los 8.600 millones de euros anuales y su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo, principalmente, de dos formas.
El primer mecanismo empleado para defraudar se denomina "dar el pase" y consiste en efectuar sucesivas transmisiones que no llegan a formalizarse en documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Hacienda Pública. En segundo lugar, se realiza "obligando" al adquiriente a firmar/declarar en la escritura un precio inferior al realmente satisfecho, lo cual incide directamente en el fraude en todos los impuestos que no soportan el comprador, ni el vendedor.
Según el nuevo secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "a pesar de que todavía queda mucho por hacer, es positivo que la Agencia Tributaria haya comenzado, por primera vez, la investigación de las operaciones realizadas con billetes de 500 euros, aunque las investigaciones realizadas apenas superan el 0,03% del total de estos billetes en circulación".
Por otro lado, Gestha estima que la Ley Antifraude no ha solventado las graves deficiencias organizativas que existen en la AEAT y que siguen impidiendo a los Técnicos de Hacienda investigar a las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros. En la actualidad, el 95,85% de las compañías asentadas en España situadas en este tramo de ingresos - un total de 57.700 sociedades aproximadamente- escapan al plan de lucha contra el fraude.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda denuncian que la Ley de Prevención del Fraude ha destinado la mayor parte de las acciones de inspección a la comprobación de empresas que facturan más de 6 millones de euros, cuando en realidad el tejido empresarial español está integrado en su gran mayoría por pymes que, por su dimensión y resultados, no tienen obligación de ser auditadas y que, como se ha demostrado, constituyen un foco potencial de fraude.
ADUANAS "COLADEROS"
En España, Gestha opina que la Ley Antifraude no ha contribuido a reforzar en este último año los filtros o protocolos de control y seguridad en las aduanas españolas, de manera que continúan siendo auténticos "coladeros" de mercancía de todo tipo de productos procedentes de terceros países, incumpliendo así la normativa comunitaria que recomienda una media del 5% de reconocimientos físicos a la importación.
El colectivo de Técnicos de Hacienda considera "irresponsable" que la Dirección de Aduanas permita que "se salten" los controles -físicos, de identidad y documentales- al que deben estar sometidos los distintos productos por ley y muy especialmente cuando se trata de bienes de consumo y alimentos e relacionados con el consumo y la salud. El pasado verano, el Ministerio de Consumo procedió por motivos de seguridad a la retirada de envases de dentífricos de diversas marcas y juguetes procedentes de países africanos y asiáticos.
Según Mollinedo, "sólo el 0,8% y 2,2% de las importaciones de dentífricos y juguetes, respectivamente, provenientes de terceros países se sometieron al control físico en las Aduanas de España durante el primer semestre de 2007, lo cual demuestra que los filtros o protocolos de control y seguridad no son suficientes, convirtiéndose a veces en auténticos coladeros de mercancía no comunitaria".
De esta forma, Gestha considera que buena parte de las cifras triunfalistas que la Agencia Tributaria ofrece a la sociedad española para demostrar su eficacia en la prevención del fraude fiscal están envueltas de "marketing", ya que los planes de control y las unidades destinadas a estas actuaciones apenas han variado en este último año.
Además, aclara que el incremento de la recaudación tributaria se debe principalmente al aumento de la actividad económica, y no tanto a la prevención del fraude, cuyos efectos no se dejarán sentir hasta pasados al menos dos o tres ejercicios fiscales desde la puesta en marcha de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.
