Ex concejal de Urbanismo de Torrejón: "Nadie puso la advertencia de la ilegalidad encima del tablero"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Torrejón de Ardoz en 2001, Francisco Martín Rojas, ha asegurado en el juicio que se celebra en el TSJM contra la entonces Corporación municipal por un delito de prevaricación que "nadie puso la advertencia de ilegalidad encima del tablero", en referencia al informe del secretario del Ayuntamiento que alertó de que un convenio urbanístico que se aprobó en el Pleno del 26 de noviembre de 2006 no se ajustaba a la legalidad.

La Sala de lo Civil y Penal ha interrogado a Martín Rojas después de concluir la fase de cuestiones previas, centradas en la presunta prescripción del delito juzgado, así como la aportación de documentos en los que se instaba al Ayuntamiento a adoptar medidas para la aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento y la sociedad Patrimonios Siglo XXI para la construcción de viviendas de carácter social.

"Desconocía yo tanto como mis compañeros que había un informe del secretario porque en este procedimiento habitual estaba fuera de tiempo. Se dieron todos los pasos para que este expediente estuviera completo en el Pleno", ha insistido el ex edil, quien se sienta en el banquillo de los acusados junto a sus compañeros por presuntamente votar a favor de un acuerdo a sabiendas de su ilegalidad.

SIN SOSPECHAS DE LA ILEGALIDAD

"Tengo la absoluta certeza de que yo y mis compañeros no teníamos la mas mínima sospecha de la ilegalidad, puesto que no disponíamos de los instrumentos necesarios para ello y había informes técnicos y de la letrada de Urbanismo a favor", ha recalcado a preguntas del teniente fiscal del TSJM, Carlos los Ruiz de Alegría.

Rojas ha recalcado que incluso tuvo conocimiento del informe del secretario a raíz de la denuncia, que se interpuso en abril de 2007, y su declaración en octubre de 2007. "Lo que sé del informe lo sé por la denuncia y mi declaración", ha agregado.

"El informe dice algo, que bajo mi punto de vista, no es cierto porque se dice que no se da lo que se recibe. Y hubo una permuta a cambio de tres parcelas", ha remarcado. Además, ha agregado que ese informe "tenía otras connotaciones de dilucidar la ilegalidad del asunto".

Rojas también ha cargado contra el secretario del Ayuntamiento, puesto que a su juicio no tenía competencias para realizar informes similares al que hizo. "He visto informes que me llevaron al rubor del secretario", ha criticado.

Asimismo, ha relatado que era necesario la aprobación del citado convenio, puesto que las subvenciones que daba la Comunidad de Madrid podían caducar si no se llevaba a cabo la construcción de las citadas viviendas.

A preguntas del fiscal, el ex concejal de Urbanismo ha puntualizado que él no redactó el convenio objeto de juicio, sino que fue algún funcionario de su departamento. "Jamás he hecho ni un sólo documento. Una cosa es que haya directrices, pero lo hacen los funcionarios", ha reseñado. "Desde luego, no le puedo asegurar quién lo hizo, y no fui yo", ha espetado.

CUESTIONES PREVIAS

Antes de su declaración, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha rechazado las cuestiones previas, salvo la admisión de la declaración en el juicio del secretario del Ayuntamiento. Además, ha dicho que se pronunciará sobre la prescripción de delitos en sentencia.

Por su parte, el teniente fiscal ha rechazado que el delito de prevaricación del que se les acusa esté prescrito, al considerar que sobre los hechos investigados rige el Código penal de 2003.

Esta Ley establece que los delitos de prevaricación prescriben a los diez años y no a los cinco años como fija el Código Penal de 1995, esgrimido por el abogado defensor de la diputada regional Esperanza Rozas, Wilfredo Jurado. "No nos parece serio la prescripción", ha subrayado el fiscal, insistiendo en que en 2003 hubo una reestructuración de tipos penales del Código Penal.

Al concluir la exposición de las cuestiones previas, el fiscal se ha mostrado contrario a la estimación de la prescripción, así como a la aportación de diferentes documentos solicitados por las defensas, entre ellos, un informe de catedrático Francisco Javier Jiménez de Cisneros sobre la legalidad del fondo del convenio aprobado el 26 de noviembre de 2001 por el Pleno municipal cuya votación es la que está hoy a juicio.

Ante las críticas de la incorporación esta mañana del acto del Pleno a sospecha, el fiscal ha insistido en que "no hay mala fe a la hora de aportar el acta del Pleno por parte del secretario del Ayuntamiento". Además, ha rechazado que este declare, puesto que en la instrucción ya se le tomó declaración y existió igualdad de oportunidades para ambas partes.

Las cuestiones previas se centraron en la consideración de que los delitos están prescritos, la aportación de un informe del catedrático Cisneros, la entrega de varios documentos de plenos anteriores en los que se instaba al Ayuntamiento a adoptar medidas para facilitar el suelo para la construcción de las viviendas de carácter social y otro firmado por la Comunidad y el Ayuntamiento sobre la construcción de las citadas viviendas.

El acusado Julián López, que ejerce su propia defensa, ha aprovechado esta fase para acusar al fiscal y al magistrado instructor de tener "una visión parcial que busca la condena de los acusados con independencia de que sea justa e injusta".

Antes de la intervención del fiscal, el abogado Wilfredo Jurado había defendido que el delito de prevaricación del que se acusa a la Corporación municipal de 2001 está prescrito al transcurrir más de cinco años desde la comisión de los hechos hasta la primera acción penal.

Antes de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJM diera inicio a esta fase de cuestiones previas, su presidente Francisco Javier Vieira, ha preguntado a los 14 acusados si se confesaban autores de los hechos que se les imputa, contestando todos ellos con un rotundo "no".

En su exposición, el letrado del PSM ha explicado que los hechos que se investigan relativos a la aprobación de un convenio en el pleno del 26 de noviembre de 2001 corresponden a unas fechas en las que estaba vigente el Código Penal del 95, que prevé que la prescripción del delito de prevaricación se consuma a los cinco años.

De este modo, ha especificado que la primera denuncia interpuesta por el fiscal jefe de Madrid fue dirigida contra Francisco Martín Rojas, entonces concejal de Urbanismo, en abril de 2007, mientras que las diligencias penales contra el resto de concejales se abrieron en junio de 2008. Por esta razón considera que el delito de prevaricación estaría prescrito conforme a lo establecido en la Ley.