La exedil de Podemos en Móstoles Nati Gómez solicita su absolución del 'caso ITV' al no participar en el expediente

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exconcejal de Podemos en el Ayuntamiento de Móstoles Nati Gómez ha solicitado su absolución en el denominado 'caso ITV' en el que se juzgará la condonación de una deuda de más de dos millones de euros a una empresa concesionaria de la ITV por parte del Consistorio durante el mandato de la exalcaldesa Noelia Posse.

La jueza que instruyó el caso dictó el auto de apertura de juicio oral en septiembre de 2024 contra la exalcaldesa socialista Noelia Posse y otros ocho exediles por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la fase intermedia, la defensa de Nati Gómez ha solicitado el sobreseimiento parcial de la causa en lo que respecta a su representada, alegando la inexistencia de indicios racionales de criminalidad.

Según el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular y popular carecen de imputación individual concreta contra la exedil, por lo que se invoca la aplicación del artículo 634 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La defensa sostiene que Gómez era concejal "sin competencias específicas en la materia, sin intervención alguna en el expediente ni capacidad decisoria o ejecutiva sobre el asunto". "Tampoco habría participado en la gestación, tramitación ni ejecución del acuerdo de condonación", señala.

Además, el escrito subraya que no concurre dolo alguno en la actuación de Gómez, quien "confió legítimamente en los informes municipales competentes" y actuó "con buena fe y razonabilidad", sin conciencia de estar adoptando una resolución presuntamente injusta o contraria a Derecho.

La defensa recuerda que la jurisprudencia establece que una mera irregularidad administrativa o error de interpretación no constituye delito, invocando el principio de intervención mínima del Derecho Penal.

En este sentido, sostiene que las eventuales irregularidades deberían resolverse por la vía contencioso-administrativa, y "no criminalizar decisiones adoptadas colegiadamente en el ejercicio legítimo de la función pública".