MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
FACUA Madrid ha calificado de "inaceptable" que los padres tengan que pagar para poder ver a sus hijos en los puntos de encuentro familiar de la Comunidad de Madrid, y ha advertido del "perjuicio" que puede ocasionar a los menores esta medida, que ha descrito como un "repago" por la utilización de un servicio público.
En un comunicado, la asociación dedicada a la defensa de consumidores sostiene que "esta medida supone un grave perjuicio para el menor, debido a la situación de desamparo y de desprotección que puede ocasionar si los padres deciden ahorrarse este tipo de servicio público, cuyo fin es garantizar la seguridad y la protección de los niños".
Desde la entrada en vigor de las nuevas tarifas, los mayores de edad usuarios de estos centros tienen que pagar 5 euros por persona en la entrega o recogida de un menor, 7 euros por visita sin supervisión y 10 euros por visita supervisada.
Estos puntos de encuentro familiar están especializados en el cumplimiento de los regímenes de visitas por parte de los padres tras un divorcio o separación y en situaciones de denuncias por violencia de género.
Están exentas de pagar las tasas las personas con menos recursos económicos o perceptores de la renta mínima de inserción y los usuarios de la justicia gratuita o que hayan sido víctimas de la violencia de género.
FACUA Madrid señala que este tipo de servicios están ya financiados con los impuestos de los madrileños, por lo que considera que "se está volviendo a utilizar el repago por la utilización de un bien público". Además, tras censurar la decisión de la Consejería de cerrar seis de estos ocho centros en la región, lamenta que "se paga más por menos".
Esta organización también ha manifestado su rechazo a las nuevas tarifas de los Centros de Día, de entre 186 y 788 euros, según su renta y el nivel de atención que demanden; así como de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI), donde se cobra 5 euros por asistencia jurídica.
Por todo ello, FACUA Madrid acusa al Gobierno regional de "atentar contra los servicios públicos, apostando por un sistema de pago que excluye y desfavorece a las personas con menos recursos económicos".
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