La fiscal mantiene la solicitud de inhabilitación para la alcaldesa de Villa del Prado por presunta prevaricación

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal ha mantenido la solicitud de inhabilitación para ejercer como cargo público para la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación a supuestas irregularidades detectadas en la contratación de dos empresas para prestar servicios de electricidad y fontanería.

En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, la representante del Ministerio fiscal ha rebajado de 13 a 8 años la petición de inhabilitación al considerar acreditado con la prueba practicada la comisión del citado delito, han informado a Europa Press fuentes fiscales y jurídicas.

El juicio quedó ayer visto para sentencia tras los informes de las partes. La alcaldesa habría admitido los hechos, manifestando que lo hizo por "el bien del pueblo y de sus servicios", según apuntan fuentes jurídicas.

La defensa de la primera edil solicitó la libre absolución mientras que la acusación particular en nombre de Vecinos de Villa del Prado reclamó que se le inhabilite trece años.

Los vecinos denuncian que la empresa de fontanería Barbero lleva 42 años trabajando para el Ayuntamiento, mientras que la empresa de electricidad Cochele lleva 21 años

HECHOS JUZGADOS

Según el relato, la acusada fue alcaldesa del Ayuntamiento de Villa del Prado entre el año 2007 y mayo de 2019, previo a lo cual había sido concejal de dicho Consistorio.

La acusada decidió que "el Ayuntamiento de Villa del Prado contratara verbalmente a las empresas Cochele Electricidad S.L. e Instalaciones Barbero S.L. para prestar servicios de electricidad y fontanería, respectivamente, con carácter permanente y no meramente de urgencia".

Y lo hizo "sin previa licitación administrativa ni ningún tipo de expediente administrativo o procedimiento de contratación, a pesar de tener pleno conocimiento de que con ello vulneraba de forma palmaria la normativa administrativa de contratación pública".

Así, durante los mandatos de la acusada, aquellas empresas realizaron servicios rutinarios y de mantenimiento para "el Consistorio sin cobertura legal o contractual alguna", más allá de supuestos de urgencia, girando las correspondientes facturas, aun cuando la Secretaria del Ayuntamiento y la Interventora advirtieron reiteradamente a la acusada de tal irregularidad para que licitara tales contratos".

"Concretamente, la empresa Instalaciones Barbero S.L. facturó trabajos al Consistorio por valor de 80.741 euros en el año 2014, 92.672 euros en el año 2015, 42.336'94 euros en el año 2016 y 63.181'53 euros en el año 2017", recoge el escrito.

Por su parte, según el fiscal, "la sociedad Cochele Electricidad S.L. facturó trabajos al ente local por valor de 101.903 euros en el año 2014, 82.998 euros en el año 2015, 100.401'52 euros en el año 2016 y 69.163'61 euros en el año 2017".

Si bien desde 2015 por la oposición se vinieron denunciando los hechos en el Pleno del Ayuntamiento, no fue hasta 2019 cuando se licitó formal y públicamente la contratación de los servicios anteriormente mencionados, resultando Instalaciones Barbero S.L. adjudicataria del servicio de fontanería.