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El presidente de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo era uno de los acusados
MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La representante de la Fiscalía de Madrid ha retirado este martes en el juicio celebrado la acusación que pesaba sobre ocho acusados, entre ellos tres guardias civiles, de formar parte de una presunta trama ilegal de tráfico de armas que se destapó hace diez años por una denuncia anónima.
Se da la circunstancia de que entre los acusados figuraba el presidente de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y guardia civil, Miguel Folguera. La fiscal les acusaba de delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de armas de fuego reglamentadas sin los permisos, entre otras infracciones.
Durante un receso y antes de que se retirase la acusación, Folguera ha asegurado que ha sufrido "diez años de pena de banquillo" y ha denunciado que durante la causa, que instruyó el juez Adolfo Carretero, se han vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías.
"Tengo la conciencia muy tranquila", ha aseverado Folguera, quien ha sido campeón de España de Tiro dentro de las competiciones que organizan las Fuerzas Armadas. Sin reparos, ha señalado que siempre ha sospechado que detrás de las acusaciones estaba el hecho de que algunos quisieran buscar méritos.
Minutos después de arrancar de nuevo la vista, la fiscal ha anunciado que retiraba la acusación contra todos los acusados al considerar que no hay prueba de cargo suficiente para enervar su presunción de inocencia. Ya en 2005, la Justicia anuló las conversaciones intervenidas en la causa por orden del juez Carretero al estimar que no se cumplieron todos los requisitos legales para su obtención.
Acto seguido, el tribunal ha adelantado que se emitirá una sentencia absolutoria. Ante sus palabras, Folguera ha roto a llorar ante la sorpresa.
Además de Folguera, en el banquillo de los acusados se han sentado Javier M. N.; Lorenzo P. A.; Óscar E. V.; José Carlos C. S.; Pedro Fernando G. N.; Joao Manuel A. A. y Gueorgui T. K. Todos ellos han defendido su inocencia y se han retractado de las manifestaciones realizadas en fase de instrucción ante el magistrado Adolfo Carretero.
Por un lado, los guardias civiles juzgados han negado que formaran parte de una trama ilegal de tráfico de armas. Y por otro, el resto de acusados han explicado que las armas que poseían eran como "objetos de decoración", mientras que la munición era para "cazar o tirar".
RELATO DEL FISCAL
Los procesados, según su distinto grado de participación en los hechos, se enfrentaban a penas, a petición del Ministerio Fiscal, de entre los tres y los ocho años de prisión.
Según el fiscal, los acusados Javier M. N., Lorenzo P. A. y Miguel Ángel F. H. eran guardias civiles en activo destinados en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección General de la Guardia Civil.
De este modo, los agentes de la Benemérita en connivencia con el resto de los procesados y con el propósito de obtener un lucro ilícito, se dedicaban a la venta de armas de fuego y municiones que los primeros extraían de los depósitos militares.
Entre los efectos intervenidos se encontraron fusiles de la marca Cetme y escopetas Aya, subfusiles y pistolas de la marca Star, pistolas Glok y Sig Sauer, silenciadores, spray antiagresiones, cajas de munición de las marcas Winchester y Remington, cuchillos y navajas, y armazones de armas y diferentes piezas de armas, así como dinero procedente del tráfico ilícito al que los procesados se dedicaban.
