El fiscal solicita al Supremo que eleva la pena al ex concejal popular Huete por malversación en el 'caso Funeraria'

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal solicitó hoy al Tribunal Supremo que eleve la pena impuesta en junio de 2008 al ex primer teniente de alcalde de Madrid Luis María Huete por el 'caso Funeraria', cuya sentencia condenó al ex dirigente popular a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

La Audiencia Provincial de Madrid le consideró responsable de la privatización del 49% del capital de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, cuya "gestión la adquirió por 100 pesetas" (0,60 euros). El valor neto de la empresa era de más de mil millones de pesetas.

En la vista celebrada, el representante del Ministerio Fiscal reclamó a los magistrados que se anulen las absoluciones que se dictaron a favor de los ex concejales populares Simón Viñals y Antonio Moreno en relación con los delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La Audiencia les exoneró de estos tipos delictivos al no quedar acreditada su comisión.

En su exposición, el fiscal argumentó que el principal reproche que hace la Fiscalía por el delito de prevaricación "no es por la legalidad del proceso administrativo, sino porque se hizo caso omiso a un informe del interventor que advertía de que se debía de calcular el patrimonio neto de la operación con la condonación de la deuda contraía" por la empresa funeraria.

"La conducta prevaricadora consiste en la omisión de la condonación de la deuda", recalcó el fiscal. Así, reclamó a la Sala que se eleva la condena impuesta a Huete por un delito de malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, con falsificación de documento mercantil. La pena ascendería a cuatro años de cárcel, según fuentes jurídicas.

Durante el juicio, la Fiscalía de Madrid solicitaba para los tres procesados 4 años y 10 meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

De la sentencia de la Audiencia de Madrid salieron bien parados el ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, a quienes se les exoneró de la comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública por haber prescrito su responsabilidad penal. Se pedía para ellos 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos.

El 'caso Funeraria' significó el mayor escándalo del mandato del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. Los hechos se remontan al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña por su quiebra económica.

La empresa la adquirió por un precio simbólico de 0,60 euros. La Fiscalía acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación.

Sobre Funespaña, la resolución, de 210 páginas, recalca que Rodrigo y los Valdivia consiguieron mediante su influencia en el Ayuntamiento de Madrid adjudicarse el 49 por ciento del capital de la funeraria municipal y su "gestión por el precio de 100 pesetas, asegurándose además, el cobro del 20 por ciento de los beneficios antes de impuestos que aquella generara". La sentencia concluía que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas "si se hubieran hecho los controles necesarios.