La Fiscalía trata de esclarecer si en las supuestas vigilancias a Cobo y Prada hubo malversación de fondos públicos

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trata de esclarecer si en los supuestos espionajes al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada hubo malversación de fondos públicos a merced de los informes caligráficos encargados por 'El País' que concluyeron que varias notas manuscritas de los partes correspondían a uno de los hombres de confianza del actual director del Área de Seguridad de la Consejería de Interior, Sergio Gamón en Seguridad, informaron hoy a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

El departamento que dirige Manuel Moix está recabando nuevos datos encaminados a dilucidar no sólo si con los seguimientos se vulneró la intimidad de los afectados, si no si existió un uso ilegal de los fondos públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. La investigación tiene un plazo de seis meses, que podría ser prorrogable.

"Si un funcionario público en sus horas de trabajo hace algo que no es para la función pública, si no para un encargo particular, eso puede ser una malversación. Evidentemente", recalcaron fuentes de la Fiscalía, que precisaron que ahora "se están investigando unos hechos" para decidir si son constitutivos de un posible delito de malversación pública u otra infracción penal.

La Fiscalía del TSJM mantiene abiertas las diligencias sobre las denuncias de Cobo y Prada al tratar de hechos diferentes a los que investiga el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, en el marco de las denuncias del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

En estos casos, el juez aprecia indicios en la comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Precisamente, el magistrado descartó hace dos semanas en un auto que los supuestos seguimientos a González se hicieran con fondos públicos. Esta afirmación le valió para rechazar el escrito de personación como acusación popular presentado por el PSM e IU para formar parte del procedimiento.

"Del contenido de las informaciones periodísticas o de las manifestaciones obrantes en la causa de los periodistas que las realizaron no pueden desprenderse indicios de que los hechos sean imputables a una autoridad o funcionario público", afirmó el juez.

MÁS DILIGENCIAS

Con todo ello, la Fiscalía de Madrid sigue adelante con la práctica de diligencias para esclarecer las supuestas vigilancias a Manuel Cobo y al diputado regional Alfredo Prada. Pero la investigación fiscal se podría judicializar en breve con motivo de la denuncia que interpuso el 20 de febrero ante un juez de guardia debido a la supuesta inactividad de la Fiscalía.

En el escrito se incluían fragmentos de informaciones publicadas en el diario 'El País', como la del 10 de febrero, sobre la realización de los citados informes caligráficos". Según fuentes jurídicas, la denuncia se encuentra estancada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, cuyo titular está valorando si se inhibe a favor del juez José Sierra para acumular todas las denuncias.

En el caso de González, los supuestos espionajes están documentados con fotografías tomadas en el viaje que realizó a Cartagena de Indias (Colombia). El magistrado aprecia en estos presuntos seguimientos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Si la denuncia pasa al juez Sierra es probable que la Fiscalía de Madrid le remita, una vez que descarte la malversación, las actuaciones practicadas hasta ahora para esclarecer las vigilancias al 'número dos' de Alberto Ruiz-Gallardón. De este modo, la Fiscalía que dirige Moix se quedaría sólo con la denuncia del ex consejero de Justicia al tratarse de hechos diferentes.