La FMM carga contra una tasa de basuras que es "una intromisión" del Gobierno en la autonomía fiscal municipal

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha cargado este martes contra una tasa de basuras que considera que es "una intromisión" del Gobierno de España en la autonomía fiscal financiera y que ha tildado de "capricho" del Ejecutivo nacional liderado por el presidente Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la Federación, José Manuel Zarzoso, quien ha subrayado que "no es de recibo" que los ayuntamientos tengan que imponer esta tasa a todos sus vecinos, además de insistir en que "no es ninguna imposición de Europa", tal y como defienden desde el Gobierno de la nación.

En este contexto, la FMM ha publicado un manifiesto en defensa de la autonomía local, en el que exponen que la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es "un nuevo y claro ataque a la autonomía municipal y supone un verdadero castigo a todos los ayuntamientos, que se están viendo obligados a repercutir la tasa en los ciudadanos".

"Aunque el Gobierno de España alega que se trata de una imposición europea, lo cierto es que la ley se ha configurado con importantes novedades tributarias que afectan directamente a los ayuntamientos, como la creación de una tasa de recogida de residuos antes de abril de 2025 que deberá ser específica, diferenciada y no deficitaria, que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos y la creación de un impuesto al vertido y la incineración", ha denunciado en un comunicado.

Esta tasa ahora pasa de ser una elección discrecional a un hecho obligatorio para los ayuntamientos. De esta forma, considera que "se interrumpe la independencia y autonomía de los ayuntamientos, impidiendo a las entidades locales a abstenerse de establecer esta tasa y financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos con recursos generales del presupuesto municipal".

UNA LEY QUE "NO DEJA MARGEN" A LOS AYUNTAMIENTOS

Además, desde la Federación censura que esta ley no deja margen a los ayuntamientos para que se pueda financiar parte del coste de gestión de residuos con cargo a otros impuestos, como por ejemplo el IBI. Se establece un nuevo impuesto que grava cada tonelada de residuos destinada a vertederos o incineradoras, lo cual "repercute principalmente" en los municipios.

"Se trata de un impuesto regulado por el Ministerio de Transición Ecológica, ministerio gestionado por el PSOE, sin haberse realizado consulta adecuada alguna a los municipios y empresas afectadas, y sin valorar el contexto económico actual. Lo más llamativo es que esta ley, en lugar de apostar por el incentivo y la educación, opta por la penalización", han criticado.

Sin embargo, han subrayado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido habitualmente una postura contraria a este tipo de impuestos, incluso llegando a eliminar su impuesto sobre depósito de residuos en diciembre del año 2021. "Está apostando por lograr los objetivos medioambientales de una manera más eficaz a través de la inversión y priorizando los incentivos en detrimento del castigo a municipios, empresas y ciudadanos", han apostillado.

La Federación de Municipios de Madrid considera que el momento social y económico "no ha sido ni es el adecuado" para introducir nuevos impuestos ya que coincidió con un período en el que la inflación y los costes energéticos "estaban en su punto álgido, ejerciendo una fuerte presión sobre los presupuestos municipales y sobre los ciudadanos".

Insisten en que su rechazo al "carácter obligatorio" de este tributo ya que los municipios ya se enfrentan a nuevas obligaciones, como la recogida selectiva de residuos orgánicos y la necesidad de construir instalaciones de tratamiento modernas en las mancomunidades, "pudiendo suponer este impuesto un incremento del 60% de los costes de gestión de los residuos para un municipio".

"Desde la FMM queremos dejar claro que no se ha facilitado a los municipios el margen de tiempo necesario para adaptarse, ya que la ley se publicó con menos de un año de antelación de su entrada en vigor (...) Manifestamos nuestra instancia al Gobierno de España para que sea rectificada la obligatoriedad de la tasa, volviendo al carácter potestativo de la misma, de manera que sean los propios municipios quienes decidan si implantar la tasa o si, por el contrario, se repercute el coste de gestión y tratamientos de los residuos con cargo a otros impuestos o partidas del presupuesto municipal", han concluido.