FRAVM y afectados se concentran para que Comunidad no recurra la anulación de venta de 3.000 viviendas de IVIMA

Publicado 25/06/2019 13:44:24CET
Concentración por la reversión de viviendas del IVIMA
Concentración por la reversión de viviendas del IVIMA - FRAVM

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social de la calle San Cosme y San Damián convocan una concentración este sábado a las 11 horas para que el próximo Gobierno regional no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrud (TSJM) que anuló la venta de 3.000 viviendas públicas del IVIMA a fondos buitre.

El TSJM confirmó la nulidad de la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora Gestión por parte del Gobierno regional en 2013 decretada en su día por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid.

"Nos manifestamos para exigir que no se recurra por el Gobierno regional, cuando éste se confirme, que asuma la titularidad de las viviendas y que las recupere", ha señalado el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, a Europa Press.

El primer fallo señalaba que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que "no eran necesarias". El TSJM expone que la Administración está sometida al mandato de los artículos de la Constitución que aluden al derecho a la vivienda digna en términos de igualdad de oportunidades y, por tanto, desde los poderes públicos se debe promover "las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho" en lugar de una entidad privada, que como titular tiene como "finalidad la obtención de beneficios en una sociedad de mercado".

"El cambio de régimen jurídico que le ocasiona al recurrente no es meramente abstracto, antes bien tiene consecuencias directas y concretas, dada la diferencia entre los fines sociales que si tiene una Administración pública que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador", expone la sentencia aludiendo a la doctrina del Supremo sobre el asunto.