"Quizá ésos que están disgustados porque hemos encontrado mecanismos para atender nuestros compromisos sin subir la presión fiscal buscaban precisamente eso"
MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha acusado este jueves a la empresa estatal MERCASA de aprovechar la operación de venta del 51 por ciento de las acciones de Mercamadrid a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos para intentar aumentar su poder de decisión, con el objetivo último de revalorizarse de cara a una posible privatización.
Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el primer edil ha dado a conocer una información del Consejo Consultivo de las Privatizaciones que recomienda al Gobierno central que, además de AENA, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y otros organismos públicos, privatice la empresa MERCASA.
"La decisión la adoptará mañana el Consejo de Ministros, pero el Consejo Consultivo de las Privatizaciones está estudiando incluir MERCASA en la lista de entidades a privatizar", ha señalado el primer edil que, no obstante, ha hecho hincapié hasta en tres ocasiones en que "una cosa es que se incluya su nombre en el informe del Consejo y otra cosa que el Consejo de Ministros lo apruebe".
Además, ha señalado que si MERCASA se privatizara el Consistorio no tendría "posibilidad de veto sobre el cambio de la naturaleza" de la empresa, lo mismo que sucedería en sentido contrario. "MERCASA podría privatizarse legalmente, y lo que no sé es si nosotros tendríamos derecho de adquisición preferente, pero no existe posibilidad de veto", ha insistido.
En cualquier caso, a la luz de estas nuevas informaciones Gallardón ha considerado que es "difícilmente explicable por qué una entidad incluida en las hipotéticas a privatizar, no se sabe si ahora o más adelante, solicitaba aumentar su control en Mercamadrid" aprovechando para ello el proceso municipal de venta de acciones.
Porque, según sostiene el Consistorio, el presidente de MERCASA trasladó en un primer momento su beneplácito a la operación, que aportará unos 190 millones de liquidez al Consistorio para pagar a proveedores y que, según el Gobierno municipal, no supone otra cosa que "hacer lo mismo que tiene el Estado", es decir, gestionar las acciones a través de una empresa pública en vez de directamente.
Sin embargo, a principios de esta semana MERCASA cambió, según la versión municipal, su postura y planteó la necesidad de aprovechar el cambio en los estatutos de Mercamadrid para "garantizar los mecanismos de mayorías reforzadas en las decisiones clave que puedan afectar al futuro" de la empresa.
EXPLICACIONES
Según Gallardón, en un escenario en el que MERCASA siguiera siendo pública, la explicación para este comportamiento sería "en clave de poder político", es decir, para "tener más capacidad de decisión en una sociedad donde son minoritarios" y, así, "tener más control del Gobierno sobre el Ayuntamiento".
Algo que, tal y como ha reconocido el propio alcalde, "suena peyorativo pero es legítimo" aunque el Gobierno madrileño no lo acepte.
Sin embargo, "si el Gobierno decide mañana privatizar MERCASA, la única explicación posible a su pretensión de aumentar su capacidad de decisión en Mercamadrid, donde son minoritarios (tienen menos del 49 por ciento del accionariado), es indudablemente aumentar su valor a efectos de venderla, de la privatización", ha argumentado el dirigente 'popular'.
Así, ha continuado, esta estrategia buscaría en último término "darle al comprador privado un valor añadido a costa del patrimonio público", que es "exactamente" lo que según el PSOE se escondía detrás de las intenciones del Ejecutivo municipal.
"Y creo que si eso se produjese, el PSOE nos debería una explicación. Eso exigiría una explicación muy seria por parte del PSOE, porque utilizar la sede parlamentaria municipal (el Pleno) para aumentar el valor de una empresa que puede llegar a ser privatizada en contra del interés público es algo que, a mi juicio, exigiría una explicación", ha continuado el alcalde, insistiendo en que estas aclaraciones de los socialistas serán necesarias únicamente si finalmente se confirma la privatización de Mercasa.
IRRITACIÓN DEL EJECUTIVO
Además, Gallardón ha vinculado esta operación con otra pensada también para buscar liquidez, la de subrogar la deuda de la M-30 dentro de la unidad central del Consistorio, otra propuesta ahora puesta en entredicho por el Ejecutivo central que, según el alcalde, ha puesto unas condiciones encima de la mesa que hacen inviable este objetivo.
Por ello, se ha preguntado "por qué al Gobierno le irrita que el Ayuntamiento haya encontrado una solución para pagar a proveedores" y "cuál es la relación entre el consejo dado por los socialistas de que hay que subir impuestos y el disgusto porque el Ayuntamiento pueda resolver la discriminación a la que el Ejecutivo central le ha sometido sin aumentar la presión fiscal".
"¿Por qué cuando no se planteaba que (estas iniciativas) fuera una solución (a los retrasos en el pago a proveedores) no hubo obstáculo y cuando sí se plantea como solución lo hay? Quizá ésos que están disgustados porque hemos encontrado mecanismos para atender nuestros compromisos sin subir la presión fiscal lo que buscaban precisamente era que subiéramos los impuestos, pero yo no lamento nada haberles dado un disgusto y no haber subido los impuestos a nadie", ha acusado el 'popular'.
A renglón seguido, ha insistido una vez más en que "ante la negativa del Gobierno a autorizar la refinanciación de la deuda, que se sostenía con el discurso socialista de que la solución es subir los impuestos", el Gobierno madrileño defiende que "la discriminación con la que el Gobierno ha castigado a los ayuntamientos no la deben pagar los ciudadanos".
"Por tanto, como hicimos en nuestro presupuesto, la respuesta de Madrid a esa discriminación ha sido establecer mecanismos para cumplir los compromisos sin aumentar la presión fiscal lo cual, me sorprende mucho, parece que haya molestado a algunos. Pero si hiciésemos la cuenta (de los socialistas), ¿cuánto tendría que subir España los impuestos si Bruselas le hubiera prohibido refinanciarse? ¿Estaría el Gobierno dispuesto a renunciar a esa refinanciación y a cargarla a una subida de tributos?", ha zanjado.
