El Gobierno de Ayuso pule el apartado de sanciones de la Ley de Universidades y ya adelanta que rebajará las multas

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa ultimando la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y ya ha adelantado que está "definiendo todavía" el apartado de sanciones, como las relativas a los escraches, y que rebajará el importe de las multas muy graves que se produzcan en el ámbito universitario.

"Son cuestiones que estamos definiendo todavía. Nuestra intención es hacer una ley de consenso y que sea lo más ágil y simplificada posible. Cuando haya un borrador definitivo, y habiendo escuchado a todas las partes, se tomará esa decisión", ha subrayado el consejero, Emilio Viciana, tras un encuentro informativo con los medios de comunicación.

En junio, un borrador de la nueva ley regional de universidades planteaba multas desde los 15.000 euros hasta los 100.000 euros por la realización de "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus" o por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias".

Entre esos primeros planteamientos, a los que accedió Europa Press, el texto de la Consejería de Educación recogía una docena de supuestos en los que se incurriría en infracciones muy graves como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra", con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.

Ahora, tras las últimas reuniones de trabajo, el contenido normativo rebaja la cifra a un importe máximo de 300.000 euros de sanción. Entre estas infracciones muy graves no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

A LA ASAMBLEA EN DICIEMBRE

Viciana ha destacado que están recibiendo "todas las aportaciones" por parte de la comunidad universitaria y de los rectores. El próximo paso será someter el texto, ya convertido en anteproyecto, al trámite de audiencia e información pública previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Una vez sea Proyecto de Ley, se enviará a la Asamblea de Madrid para su discusión y eventual aprobación por los grupos políticos con representación en la Cámara de Vallecas. "Queremos escuchar a todo el mundo y que sea una norma de consenso. El objetivo es que la ley esté aprobada a lo largo de la primavera del 2026", ha insistido.

Así, el último borrador de la LESUC incorpora algunas de esas peticiones y sugerencias planteadas por los equipos directivos de las universidades Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Politécnica (UPM), Alcalá (UAH), Carlos III (UC3M) y Rey Juan Carlos (URJC) y por el resto de actores de la comunidad universitaria.

10 MILLONES POR OBJETIVOS

Por otro lado, la Comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros extra al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región. Junto a la básica para el normal funcionamiento de los centros y a la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas, conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas, sobre cuyo importe total se sigue trabajando.

Así, la financiación por objetivos se podrán repartir entre las seis instituciones cuando éstas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora. La lista se abre la posibilidad de que cada centro pacte establecer los que más se adecuen a sus características con la Administración regional, que también podrá añadir nuevas posibilidades cada año por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Entre los que recoge el borrador, figuran la realización de programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países, especialmente de Europa e Hispanoamérica, o el incentivo de la oferta de títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de la región.

"Vamos a hablar con las universidades y a poner en común aquellos objetivos que a ellas les supongan una mejora desde el punto de vista estratégico. Lo vamos a poner en consonancia con los propios objetivos que busca la Comunidad de Madrid y dentro de eso vamos a establecer unas serie objetivos comunes para poder avanzar en esta financiación por objetivos", ha remarcado Viciana.

ELECCIÓN DE GERENTES E INTERVENTORES

Respecto a la organización de los centros universitarios, el texto recoge ahora que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurrencia. Además, la figura del interventor se reconvierte en una Oficina Económico Presupuestaria a cargo de dos de estos profesionales, uno elegido por el rector y el otro por el Consejo social.

También se define con mayor precisión el papel del Distrito Único de Prácticas, cuyo objetivo es lograr que ningún estudiante se quede sin una plaza para realizar esta parte de su formación cuando sea imprescindible para titular. El actual sistema de distribución seguirá funcionando con normalidad, pero este Distrito Único permitirá repartir las que sigan vacantes tras esta primera actuación, para que puedan ocuparlas los estudiantes que necesiten certificar las prácticas de cara a lograr su título.