Recuerda que López Viejo, Bosch y Martín Vasco siguen cobrando 3.800 euros al mes y votando lo que les dice el PP
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, afirmó hoy que el abandono de Luis Bárcenas de su acta de senador demuestra que los tres diputados regionales imputados en el caso Gürtel siguen sentados en su escaño de la Asamblea de Madrid porque la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no quiere realmente que se marchen.
En rueda de prensa, al término de la reunión de la Ejecutiva regional, Gómez señaló que la salida del Senado tanto del ex tesorero del PP como de Jesús Merino es de gran importancia política y judicial, pero demuestra que no hay voluntad por parte de Aguirre de que su ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, y los diputados Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, abandonen su escaño en el parlamento regional.
Desde el punto de vista político, "se pone de manifiesto que si quieren, lo hacen", recalcó Gómez. "Cuando ha querido la dirección del PP, estos señores han dejado su escaño", destacó. Por tanto, "si los tres diputados se sientan en el pleno de la Asamblea de Madrid, siguen cobrando 3.800 euros todos los meses, siguen todos los jueves las instrucciones de voto del Partido Popular, miran al jefe de filas del PP para ver si tienen que votar 'sí', 'no' o 'abstención', ...si no dejan su escaño es porque Esperanza Aguirre no quiere".
Desde el punto de vista judicial, Gómez destacó también las consecuencias derivadas de este punto. "Ojo, porque el señor Bárcenas y el señor Merino ya no sean senadores del Estado. Con lo cual el Tribunal Supremo no va a ser el encargado de llevar la instrucción del proceso, sino que vuelve al Tribunal Superior de Justicia de Madrid con todas las connotaciones judiciales que ello conlleva", dijo el líder socialista.
Asimismo, Gómez avanzó que hoy mismo los servicios jurídicos del PSM van a presentar ante el TSJM la solicitud de imputación en el caso Gürtel de la relación de altos cargos de la Comunidad de Madrid hecha pública la semana pasada, salvo la persona ya fallecida, por haber firmado facturas fraccionadas con las empresas de la trama corrupta de Francisco Correa.
