MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó que en este momento debe ser Instituciones Penitenciarias y no los técnicos regionales los que controlen a 'Rafita', uno de los jóvenes que participó en el asesinato de Sandra Palo en 2003, al tiempo que afirmó que es "imposible" que reingrese a un centro de menores al encontrarse en régimen de libertad vigilada.
Tras la presentación de una guía para facilitar la vuelta a la región a los madrileños que viven en el extranjeros, Granados considera que es mejor que Instituciones Penitenciarios, departamento que depende del Ministerio del Interior, sea quien vigile, debido a las circunstancias especiales que le rodean, a 'Rafita', condenado cuando era menor a cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada por el asesinato de la joven.
El consejero de Justicia destacó que su labor de control y monitorización es la que tiene conferida la Ley en materia de menores. Pero la Comunidad podría acogerse a una disposición adicional que, en los casos de delitos graves, permitiría que fuera Instituciones Penitenciarias.
Granados insistió en que es "imposible desde el punto de vista legal" que reingrese en ningún centro, puesto que se encuentra en tercer grado y no puede volver a un centro. Eso sí, recordó que es mayor de edad y en el caso de que volviera a delinquir, entraría en un centro penitenciario común.
Por otro lado, el consejero de Justicia indicó que "no está en absoluto de acuerdo" con la Ley del Menor, al tiempo que se mostró partidario de que se endurezcan las penas de este tipo de delitos, tal y como ha pedido en reiteradas ocasiones el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda.
Granados cree que la condena del Rafita es "insuficiente" por las características del crimen de Sandra Palo, que fue violada, atropellada y quemada antes de morir, lo que generó un alarma social.
Asimismo, el consejero de Justicia indicó que el control de este condenado "ha sido siempre" responsabilidad de la Comunidad de Madrid, también mientras el joven se encontraba en Andalucía. Eso sí, señaló que durante ese tiempo mantuvo un apoyo del Gobierno andaluz, que les envió los preceptivos informes de la situación de este persona.
