MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha propuesto la expulsión del agente que fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años de prisión por "cometer un error" al notificar una multa de tráfico, según ha informado a Europa Press el portavoz de la familia del agente, Juan Gregorio.
La propuesta de expulsión se ha realizado tras la apertura de un expediente disciplinario por falta "muy grave" el pasado mes de septiembre y contra el mismo el agente, R.G., puede presentar alegaciones.
En la resolución, se alude a la "gravedad de los hechos que judicialmente se dan por probados", a la "entidad de las penas impuestas en la sentencia y a la incidencia y grave perjuicio que los mismos hechos han tenido sobre el crédito e imagen del Instituto de la Guardia Civil, como los ciudadanos" así como "en concreto y de manera relevante, por el hecho de actuar prevaliéndose de su condición de agente de la Guardia Civil y de las ventajas que se derivan de tal condición".
Gregorio ha anunciado que el agente recurrirá la sanción al ser "desproporcionada" y porque en el expediente sancionador se barajaban además de la separación del servicio, la suspensión de empleo desde tres meses hasta un máximo de seis años o la pérdida de puestos en el escalafón.
"La sanción es desproporcionada. Sólo se confundió al emitir una multa de tráfico, pero le sancionan como si hubiera pegado una paliza a alguien. Cabe un recurso a la Guardia Civil motivando la desproporcionalidad de la sanción. Es una barbaridad total y exagerada", ha asegurado.
"El agente no se puede defender porque está en activo y su padre tampoco porque también está en activo. Su madre está destrozada. Directamente van a por él. Ahora estamos acostumbrados a oír hablar de las castas y él no es miembro de ninguna casta. No es hijo de un coronel ni de un capitán, todo lo contrario", ha añadido.
El portavoz de la familia ha indicado que la persona que presentó la denuncia contra el agente a raíz de la emisión de la multa alegó que "era hija del Cuerpo". "Por este motivo nos estamos planteando de presentar una querella, ya que sospechamos que habrían podido acceder a la base de datos de la Guardia Civil para presentar la denuncia contra el R.G. cuando notificó la multa de tráfico", ha explicado.
Según Gregorio, desde que se inició el proceso judicial se ha producido una "acumulación de errores y circunstancias" que han llevado a la condena del agente. "Hay cierto interés en que esto salga adelante. Estamos hablando de un Guardia Civil, que ve un hecho en la carretera, que lo denuncia y que cometió un error", ha afirmado.
El portavoz de la familia ha concluido que están a la espera de que se resuelva la solicitud de indulto al Consejo de Ministros que se presentó el pasado mes de abril. La petición se presentó con el apoyo de "cerca de 40.000 firmas".
SENTENCIA CONDENATORIA POR "FALSEDAD DOCUMENTAL"
La sentencia condenatoria de R.G. fue emitida el 5 de diciembre de 2013, por la Sala de lo Penal y confirmó el fallo dictado por la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, el 15 de julio de 2013.
En el fallo, se condenó a R.G. a tres años de prisión, por un delito de "falsedad documental", penado con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, al pago de una multa de seis meses, con una cuota diaria de seis euros, e inhabilitación especial para cualquier cargo o empleo público por un periodo de dos años, así como al pago de la mitad de las costas procesales.
El Supremo considera que "no se ha producido la lesión del derecho a la presunción de inocencia" . "El recurrente falsificó los hechos de los boletines de denuncia al exponer en los mismos una infracción de tráfico cuando esta no había tenido lugar en la hora allí fijada (el agente no estaba de servicio en ese momento), como tampoco el día en cuestión, en uno de estos boletines", especifica el TS.