MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha afirmado que 120 millones que el Ayuntamiento de Madrid reclama a la Comunidad como deuda se refiere a la tasa de depósito de vehículos que fue declarada nula por el Tribunal Supremo.
"El concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato parece que pretende solicitar el embargo de bienes de la Comunidad por una tasa del Ayuntamiento que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid primero, y el Tribunal Supremo después, han declarado nula", ha apuntado en un comunicado remitido por la Consejería del ramo.
Hidalgo, además, ha manifestado que el Ayuntamiento de Madrid no se ha dirigido "formalmente" a la Comunidad de Madrid para tratar este asunto. En este sentido ha dado la bienvenida al diálogo al concejal Sánchez Mato pero "le ha instado a practicarlo en las reuniones que ambas administraciones ya celebran, y no en declaraciones grandilocuentes ante los medios de comunicación".
Para Hidalgo, las deudas entre distintas administraciones forman parte de la "normalidad institucional" y se "resuelven generalmente" por el método de la compensación de deudas entre administraciones.
En este punto, ha detallado que de los más de 170 millones que reclama el Ayuntamiento, más de 140 millones se corresponden a reclamaciones sobre las que la Comunidad de Madrid ya ha manifestado y probado su discrepancia.
En particular, se refiere a los 120 millones por la tasa por depósito de vehículos, creada en 2008 y que consistía en el depósito de vehículos en la vía pública, que posteriormente por orden judicial debían ser depositados en los almacenes del Ayuntamiento. El Ayuntamiento decidió declarar sujeto pasivo de dicho depósito a la Comunidad por tener las competencias de Justicia.
Ante ello, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza fiscal desde el primer momento y fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de octubre de 2009.
"Es decir, la Comunidad nunca fue sujeto pasivo de la tasa, ni tuvo, por tanto, obligación de pagarla, ha añadido para recalcar que luego se presentó recurso de casación al Supremo por parte del Consistorio, que fue rechazado confirmando la anulación de la tasa", ha añadido.
Tras esta sentencia el Ayuntamiento anuló la tasa señalada pero no anuló las liquidaciones giradas en estos años. Como el Ayuntamiento contaba con esos 120 millones en sus cuentas como derechos pendiente de cobro, decidió interpretar que la decisión del TSJM no afectaba a las cantidades ya demandadas, explica la Consejería.
Así, el Ayuntamiento "giró" liquidaciones a la Comunidad por dicha tasa por valor de 92,75 millones de euros en el plazo 2008-2012. "En cualquier caso, el Ayuntamiento debió de dejar de girar liquidaciones desde que el TSJM en 2009 anuló la tasa, insiste el Gobierno regional.
NO SE PUEDE DECLARAR NINGÚN EMBARGO
No obtante, en vez de anularlas, la Consejería explica que el Ayuntamiento las "providenció de apremio en 2014, pretendiendo cobrarlas por la vía de apremio". "Contra este apremio la Comunidad ha interpuesto recurso contencioso ante el TSJM, que está pendiente de resolución", añade.
"Ni la Sentencia del TSJM, ni la del Tribunal Supremo dicen nada sobre las liquidaciones giradas al amparo de una ordenanza que anulan, pero es de justicia reconocer que si la Comunidad de Madrid no es el Sujeto Pasivo de la tasa, como han declarado ambos tribunales, no está obligada a pagar nada", prosigue el comunicado.
Hidalgo añadió que la Comunidad de Madrid estará a lo que finalmente resuelva el TSJM, pero considera que, mientras tanto, el Ayuntamiento "no puede proceder a realizar ningún embargo, ya que se está pendiente de la resolución judicial pertinente".
Sobre el resto de la deuda que reclama el Ayuntamiento, señala que 12 millones de plusvalía municipal se corresponden con ventas de viviendas sociales del IVIMA en favor de las familias adjudicatarias de los pisos en años en que en el IVIMA era un organismo autónomo exento de dicho impuesto.
Por otra parte, de los 26 millones de euros de deuda que el Ayuntamiento reclama por IBI, 10 millones se corresponden a las deudas de los edificios administrativos de la Comunidad de Madrid, y sedes de los Juzgados y se ha solicitado un aplazamiento y fraccionamiento de dicha deuda al Ayuntamiento.
Además, 8 millones se corresponden a deudas del SERMAS por los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, que también han sido impugnados en los tribunales. El resto de la deuda que reclama el Ayuntamiento se corresponde con ejercicios prescritos o está aplazada o en plazo de pago.
