Archivo - Una doctora en un consultorio médico local ubicado en Torrejón de Velasco. Archivo.
Archivo - Una doctora en un consultorio médico local ubicado en Torrejón de Velasco. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Actualizado: martes, 25 junio 2024 13:40

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha hecho balance del primer año de legislatura con la Atención Primaria como una de las prioridades de la cartera que dirige Fátima Matute y la falta de profesionales, especialmente médicos de familia y pediatras, como uno de los retos a afrontar, con unos 9.000 profesionales que habrán falta en los próximos años para cubrir el déficit y las jubilaciones.

Con un presupuesto de 2.572 millones de euros para este primer nivel asistencial, el departamento que dirige Fátima Matute ha destacado las medidas, tanto monetizadas como no monetizadas, puestas en marcha por el Gobierno regional para hacer frente a este "problema de Estado" que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que en el caso concreto de la región desde la Consejería han cifrado en unos 9.000 (entre 600 y 900 se jubilarán en la región en los próximos años, han apuntado).

Además de los acuerdos de salida de la huelga de la pasada legislatura con la implantación de la agenda de absorción de demanda, desde el Ejecutivo autonómico se ha incentivado con distintos complementos a los profesionales para asegurar su permanencia como 500 euros en centros de difícil cobertura, tanto para los que se incorporen como para los que no, así como complementos de 300 euros por ruralidad o de entre 400 y 500 para turnos de tarde. Todo ello, junto a otras medidas como el fomento de la investigación o docencia.

El objetivo del Gobierno regional es retener y atraer a los profesionales, especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, y cubrir principalmente las plazas en los entre 20 y 25 centros de difícil cobertura en el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña. Se entiende por centro de difícil cobertura aquel que tiene un porcentaje de población atendida por encima del 80% y que tiene el 20% de las plazas, vacantes o más sin cubrir.

Fuentes del departamento que dirige Fátima Matute han señalado que estas medidas han permitido cubrir un 25% de las plazas vacantes que había en estos centros desde que esta medida se pudo en marcha hace unos dos meses. "No llega al 25% pero es un logro", han indicado.

Un problema que se podría solucionar, según han remarcado desde la Consejería, si el Gobierno central homologara los títulos para que profesionales extracomunitarios puedan ejercer en España. Según las cifras que maneja el departamento, al menos hay 5.000 expedientes en el cajón del Ministerio de Educación a la espera de esa homologación, lo que permitiría no solo paliar el déficit sino contar con una "plantilla robusta".

En esta línea, desde la Consejería han avanzado que en breve esperan tener redactada una nueva orden para contratar extracomunitarios de especialidades deficitarias y ampliar así la exención del cumplimiento del requisito de la nacionalidad española. Igualmente, esperan arrancar en breve los procesos de estabilización de empleo cada dos años, con la previsión de que el primer examen pueda llegar antes de este mes de diciembre.

Desde el Gobierno regional, además, han remarcado que, aunque en la Comunidad de Madrid no han quedado vacantes plazas MIR, el Ministerio sí debería acabar con el numerus clausus para estudiar Medicina o el aumento de plazas de formación, no solo para médicos, sino también en Enfermería o Psicología, entre otras.

En el caso de las urgencias extrahospitalarias, cuando se cumplen dos años de la implantación del nuevo sistema de Puntos de Atención Continuada (PAC) --con quejas por la ausencia de equipos completos de médico, enfermero y celador en muchos de ellos--, desde la Comunidad se ha puesto en marcha un sistema de rotación por centros rurales para intentar atraer a profesionales. "No se ama lo que no se conoce", ha resaltado en varias ocasiones la consejera.

NUEVA GERENTE DE ENFERMERÍA

En este marco, desde la Consejería de Fátima Matute también se ha subrayado la necesidad de potenciar el papel de la Enfermería, unos profesionales "fundamentales" ante el reto la longevidad, comorbilidad y fragilidad de la población. Además de medidas como contratos de tres años o mejoras para que cuente más el tiempo para las OPEs al trabajar en centros de difícil cobertura, el departamento ha apuntado por esta especialidad en materia de gestión.

En concreto, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) recupera la figura de la Gerencia de Cuidados para reconocer a los profesionales de Enfermería en el liderazgo de la prestación del cuidado al paciente y cuya misión será planificar y gestionar una adecuada atención de forma segura y con calidad.

Así, la nueva responsable será Elena Fernández Cano, titulada en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con amplia experiencia en los diferentes niveles asistenciales del Servicio Madrileño de Salud.

INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN

Pero para todo ello, han incidido desde la Consejería de Sanidad, hace falta una mayor financiación de parte del Gobierno central, que además de infrafinanciar a las Comunidades Autónomas, adeuda dinero a las Comunidades Autónomas.

Así, desde el departamento de Fátima Matute han censurado unos Presupuestos Generales del Estado (PEG) que están congelados por "una estrategia política" y que dedican a Sanidad un 6,7% del PIB cuando el gasto real se acerca al 9%.

Pero, además, se adeuda dinero a las Comunidades Autónomas. Entre otras cuestiones, ha apuntado que la Comunidad de Madrid es una región solidaria que atiende a población de otras partes de España sin recibir la parte correspondiente del Fondo de Garantía o que solo se financia el 80% de los medicamentos de alto impacto, cifras que no se le pagan y podrían alcanzar los 520 millones de euros, más de 3,7 millones adeudados por Instituciones Penitenciales, entre otros.

Finalmente, ha vuelto a reclamar este jueves al Ministerio de Sanidad "cambios urgentes" en el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), adscrita a la Secretaría General de Sanidad y Consumo, ante retrasos de más de 600 días. Este órgano colegiado es el competente en materia fijación del precio industrial máximo (PVL) para cada presentación de medicamento a incluir, o ya incluida, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS).

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