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MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
Inspectores de Trabajo se sumarán esta semana a la campaña que desarrolla la Comunidad de Madrid en la investigación de posibles fraudes en los cursos de formación continua subvencionados con dinero público.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, gracias a la colaboración de la Inspección de Trabajo se podrá agilizar la investigación que la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura está realizando de las plataformas que emplean asociaciones empresariales y sindicales para hacer cursos de teleformación.
Esta investigación se inició a raíz de que la Consejería detectara irregularidades en los cursos de 25 asociaciones empresariales que recibieron subvenciones de 2011 para cursos destinados a trabajadores y subcontrataron estos cursos con Sinergia Empresarial, empresa del empresario José Luis Aneri, en prisión desde la semana pasada.
Las asociaciones no pudieron justificar haber realizado los cursos y la Comunidad de Madrid revocó las subvenciones, con lo que tendrán que devolver el dinero recibido.
La investigación del Gobierno regional ha detectado indicios de irregularidad en otras plataformas de teleformación y gracias a la colaboración de la Inspección de Trabajo podrá agilizar el proceso para confirmar si existe o no fraude en ellas.
AUMENTO DE SANCIONES
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, anunció el pasado jueves que se van a abrir expedientes sancionadores a las entidades que hayan hecho un mal uso de las subvenciones para formación continua y a quienes dificulten los controles que la Consejería está llevando a cabo para comprobar qué cursos se han realizado y cuáles no con los fondos estatales que el Ejecutivo regional ha dado a asociaciones empresariales y sindicatos en las últimas convocatorias.
Esta medida se sumará a la que se viene aplicando a quien no justifica el correcto uso de la subvención: la revocación de las ayudas, lo que obliga a devolver el dinero a la Administración.
Mariño dijo que va a incoar expedientes para sancionar a las entidades receptoras de las ayudas que hayan hecho un mal uso de ellas en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que también contempla sanciones para las entidades que se resistan a las actuaciones de control del uso de las ayudas.
Estas conductas están tipificadas como infracciones muy graves sancionadas con multas que pueden llegar al triple de la cantidad no justificada, y la prohibición de recibir subvenciones públicas en 5 años.
